El jueves 3 de febrero descarriló un tren de carga cerca de la estación de José León Suárez, en las inmediaciones de la villa La Cárcova, en el distrito de San Martín. Algunos momentos después, la policía bonaerense de la Comisaría 4ª de Suárez abría el fuego con balas de plomo a un grupo de vecinos que se encontraban junto al tren descarrilado. Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, fueron acribillados por la policía.

Las pericias realizadas demostraron que Franco recibió cinco balazos de plomo que le causaron la muerte, también que ninguno de ellos estaba armado y que iban a buscar cartones en sus bicicletas.

Minutos después del asesinato de los chicos a sangre fría se desató una verdadera persecución en las inmediaciones donde fueron golpeados y detenidos decenas de jóvenes que circulaban por la calle. La Comisaría 4ª de Suárez inició una verdadera cacería. Esta comisaría es conocida en la zona, hace mucho tiempo, por su salvajismo y su accionar impune contra la juventud en la zona, teniendo en su haber varios casos de gatillo fácil.

Scioli y su ministro de Seguridad Casal son los responsables directos del accionar de la maldita policía, antes, durante y después de estos hechos.

Este hecho es una consecuencia directa de la campaña fogoneada por Scioli -y reafirmada por la propia Presidenta- para bajar la edad de imputabilidad de los menores, es decir, colocar a la juventud como los responsables de la delincuencia. Con este respaldo desde el poder político es con que se mueven los policías, que actúan en consecuencia.

Esta masacre se da en el medio de las internas del gobierno nacional y de la provincia sobre el problema de la inseguridad. La Bonaerense se siente desplazada, desde el gobierno nacional y su “plan centinela”, que ha dispuesto el desembarco la Gendarmería nacional en la provincia.

Esta interna se expresó en la acusación del canciller Timerman al gobierno bonaerense de “formar” a la policía en “cursos de tortura” y “técnicas golpistas” en la International Law Enforcement Academy (Ilea), dictada por Estados Unidos en El Salvador.

Luego de varias idas y vueltas, Casal respondió que también las policías Federal y la Metropolitana se “formaban” en esta academia. La conclusión que se desprende de estas acusaciones cruzadas es que estamos ante una práctica que envuelve a todas las fuerzas de seguridad.

La represión y la persecución a los trabajadores y a la juventud es una verdadera política de Estado. El 30 de enero, la Gendarmería nacional secuestró, golpeó y robó sus pertenencias a cuatro jóvenes a la salida de un boliche en San Miguel. En Vicente López, las patotas del intendente García reprimieron con palos y gases vomitivos a vecinos que se manifestaban su rechazo al Vial Costero frente a la mirada impávida y cómplice de la Policía y la Gendarmería.

Scioli y Casal pretenden desprenderse de la responsabilidad separando a un grupo de policías involucrados en los hechos. La policía no actúa si no es con órdenes desde arriba.

Es necesario, apuntar a la cabeza: la cúpula de la Bonaerense, Casal y el propio Scioli. Juicio y castigo a todos los responsables de la masacre de José León Suárez.