Las direcciones sindicales se encuentran empeñadas en que el Congreso Nacional decida el destino de los proyectos de indemnización y de convenios colectivos que mandó Menem.

Rosquean aquí y allá para que se cambie uno u otro artículo o traficarlos a cambio de la cabeza de Caro Figueroa. El CTA pretende, incluso, que los diputados declaren una “emergencia ocupacional” que suspenda los despidos.

Pero nada de esto resuelve nada. Ninguna modificación legislativa cambiará la flexibilización laboral o el empleo precario, de modo que tampoco tocará los salarios ni impedirá los despidos. Los bloques parlamentarios son uná­nimes en encarar la desocupación a través de subsidios a las empresas para que tomen trabajadores. Es un método que se presta para el fraude, fuera del hecho de que no existe el dinero para subsidiar el contrato de cuatro millones de desocupados. Además, el dinero de los subsidios deberán ponerlo los propios tra­bajadores, que son los que pagan los impuestos al consumo.

No hay alternativa al retiro de los proyectos del Congreso anti-nacional y al reclamo de que se convoquen a las paritarias para negociar las convenciones colectivas de trabajo con comple­ta libertad. Después de las últimas huelgas estamos mejor que en todos los últimos seis años para imponer nuestras reivindicaciones. Aumento de salarios; cese de la flexibilidad y el contrato temporal; remuneración por jornada de ocho horas de trabajo y 44 semanales; nin­gún despido ni tercerización.

Para hacer frente a la desocupación, los capitalistas tienen que hacerse cargo de los sin trabajo, pagando un seguro mínimo al parado de 500 pesos. Para acabar con la desocupación no existe otro camino que cesar el pago de toda la deuda pública usurera, nacionalizar a los bancos especuladores, confiscar a los contra­bandistas y aplicar el ahorro nacional consi­guiente a un plan económico y social al servicio de los trabajadores.

El MTA y el CTA estuvieron anunciando un paro de 12 horas el 20 de noviembre para mar­char a la Aduana, el que sería aprobado por un Confederal de la CGT previsto para el 12 de noviembre. La marcha a la Aduana simboliza la política de sometimiento de las burocracias a las patronales ‘proteccionistas’, que son tanto o I más contrabandistas que las ‘aperturistas’. Si queremos evitar el contrabando y la evasión es necesario imponer el control obrero sobre las cuentas y la producción de las empresas y nacio­nalizar la banca.

Lo demás es verso.

El ‘gran golpe’ sería un paro de 48 horas para que se retiren los proyectos antiobreros del Congreso, porque ello dejaría en claro a todo el país que la única alternativa al gobierno entreguista son la clase obrera y los trabajado­res.