La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) viene reclamando hace tiempo el “juicio político” a la Corte Suprema de Justicia, la cual “viene desde 1989 convalidando la subversión del sistema republicano de gobierno, complaciendo invariablemente las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional”.

Los laboralistas han denunciado que la Corte Suprema ha “avalado la destrucción del Derecho del Trabajo, del principio protectorio que configura la columna vertebral del mismo, ha autorizado bajo diversas formas el fraude a los trabajadores, el despojo de sus créditos, la rebaja de sus remuneraciones y la renuncia de sus derechos, haciéndose de este modo partícipe de la inestabilidad laboral, la marginación, la desocupación y el desempleo creciente” (de la nota entregada el 1° de enero de 2002 a la Asamblea Legislativa).

El viernes 28 de diciembre, citaron a un “cacerolazo” frente al Palacio de Tribunales, para reclamar “¡¡¡Que se vayan!!!”.

En la convocatoria, la AAL dice: “El pueblo argentino se ha puesto de pie y los profesionales e intelectuales debemos sumarnos a su marcha incontenible… Porque no queremos ser meros espectadores de los históricos cambios que se están produciendo en nuestra patria, sino actores de las transformaciones sociales que todos anhelamos”.

A la convocatoria asistieron entre 1.500 y 2.000 personas. El sindicato de los judiciales (UEJN), dirigido por el moyanismo, no adhirió. Moyano apoyó a Rodríguez Saá y le puso el secretario de Trabajo, Recalde.

La masividad de esta manifestación coincidió con el pronunciamiento de la Corte Suprema ratificando la justeza del “corralito” que mantiene incautados los depósitos bancarios para salvar a los banqueros de la quiebra.

Fue una de las causas inmediatas que produjo el masivo “cacerolazo” del viernes 28, que llevó a decenas de miles a Plaza de Mayo y al Congreso y que provocó la caída de Rodríguez Saá.

La AAL le envió una nota a la Asamblea Legislativa reclamando que la misma solicitara en forma “imperativa” la “renuncia en pleno de todos los integrantes” de la Corte Suprema.

Pero la Asamblea Legislativa, a espaldas del clamor popular, no sólo mantuvo a la Corte en pie, sino que nombró a Duhalde presidente.

Sólo una Asamblea Popular Constituyente soberana, que asuma todo el poder, podrá hacer polvo a la Corte Suprema entreguista, antiobrera y antidemocrática.