Un año de gobierno del intendente San Millán bastó para terminar de hundir al municipio salteño en la más completa bancarrota. Al momento de escribir esta nota, van dos semanas de huelga general de los municipales, incluidos los trabajadores del Concejo Deliberante que se han sumado al paro y a las movilizaciones por primera vez.

Luego de haber soportado cobrar los sueldos con cheques diferidos desde febrero, padecer el desagio del 10, 20 y hasta el 30% y acumular ahora dos sueldos y medio impagos, la huelga general municipal está conmoviendo la ciudad.

La cuestión trasciende el atraso en los pagos: la comuna “no tiene un cobre” ni para echar gas oil a los camiones.

San Millán, con apoyo de la totalidad de los bloques, excepto del PO, viabilizó una extraordinaria licuación de las deudas de los grandes evasores ya que los cheques diferidos fueron recibidos por el municipio al doble de su valor para el pago de impuestos. Por otro lado se mantuvo en pie contratos como el que concede el monopolio de la obra pública a la empresa Alonso Crespo, que tiene los pagos garantizados por un fideicomiso sobre la recaudación, y el de la recolección de la basura; entre los dos se llevan más del 50% de la recaudación. A su vez, el Banco Macro es el “agente financiero” de la municipalidad y uno de sus principales acreedores en una deuda fabricada a partir de enormes tasas por los préstamos en descubierto con los que funcionó el municipio durante todo el año pasado. El Macro es quien cobra los impuestos y el que reparte a los acreedores privilegiados los pagos; el gerente del banco, que no fue elegido por nadie, tiene más poder de decisión sobre las finanzas municipales que el propio San Millán.

Romero es cómplice, ya que durante el gobierno municipal anterior dio sumas millonarias en créditos a un intendente afín que tuvo que retirarse en medio de un escándalo de corrupción. Ahora retiene los fondos de coparticipación, que están enajenados por los próximos 20 meses… Por otra parte, con la firma de cada uno de los pactos fiscales, Romero ha cedido recursos que correspondían a la provincia y que se debían coparticipar con los municipios.

El gobernador y compañero de andanzas de Menem está valiéndose de la crisis municipal para imponer la concentración de un conjunto de negocios que hasta ahora estaban en la órbita municipal, como la cobranza de patentes que ahora se haría extensiva a otros impuestos, y el control del tránsito, en donde Romero pretende colocar a la policía provincial (de paso aumenta la militarización de las calles). En la misma línea se ha propuesto concentrar en un ente provincial la adjudicación de todo el sistema de transporte público subsidiando a las empresas a partir de un pago por kilómetro recorrido.

Romero y San Millán pertenecen a distintas fracciones del PJ, pero a la hora de gobernar ambos usan el Estado como un botín de guerra de los contratistas y del Banco Macro.

La provincia marcha a la cesación de pagos y el municipio ya está en bancarrota como resultado de esta política.

Para poner a andar el municipio, garantizar el pago de los sueldos y los servicios a los vecinos hace falta un viraje de 180º. Hay que suspender los pagos de las deudas a las grandes contratistas y a los bancos e investigar su origen con participación de los trabajadores municipales. Hay que rescindir el contrato de la obra pública y realizarla por administración y bajo control de los trabajadores y los vecinos (como lo planteáramos en nuestro proyecto de Ordenanza rechazado por todos los bloques en febrero de este año). En la emergencia hay que romper el convenio con el Macro y garantizar la prioridad del pago de salarios y servicios mínimos.

En la misma línea, deben ejecutarse de inmediato las deudas de los 500 deudores principales de la municipalidad.

Este programa de emergencia es incompatible con la continuidad de San Millán y el presente gobierno municipal, lo que corresponde es que se vayan y que el poder pase a una Asamblea Constituyente en el municipio que sea capaz de ejecutarlo.

Un gobierno de esta naturaleza abrirá el camino para echar a Romero y a Duhalde e imponer una salida de conjunto en los términos de la mayoría trabajadora.