Políticas

29/5/1997|541

¿Qué va a hacer la UOM?

Primero fue el Banco Mundial. Luego la Iglesia. Ahora el Fondo Monetario Internacional. El ‘patrón’ del FMI, Michel Camdessus le dijo a los banqueros argentinos, en Buenos Aires, que “el compromiso alcanzado (por el gobierno con la CGT) está en la dirección correcta” (El Cronista, 23/5). Con esto se terminó de cerrar el apoyo de los diferentes sectores del imperialismo al ‘pacto negro’ con la burocracia sindical.


Quedó confirmada la denuncia del PO, de que el supuesto rechazo de las patronales al acuerdo gobierno-CGT no era más que una cortina de humo. Por eso, ahora, el banquero Escasany, quien al comienzo denunció el supuesto ‘pacto negro’, acaba de decir “que el Grupo de los 8 podría aceptar el acuerdo firmado por el gobierno y la CGT” (El Cronista, 21/5).


En la edición pasada de Prensa Obrera ( 22 de mayo) dijimos que “el punto de desacuerdo de las patronales se reduce ahora a un aspecto de los convenios colectivos. En el acta con el gobierno se plantea que los convenios de empresa deberán ser firmados por la dirección del sindicato, mientras que la gran patronal reclama que puedan ser firmados por las comisiones internas. En todo lo demás, el ‘pacto negro’ burocracia-gobierno-patronales está cerrado”.


Señalamos que el objetivo patronal apunta “a insularizar a las grandes fábricas del conjunto del movimiento obrero, y de las crisis y movilizaciones en las que éste participa. Quiere separarlas del sindicato, para crear una relación de tutela política en la empresa, de manera que los trabajadores de las grandes fábricas queden al margen del proceso de la crisis política y economica … El cálculo patronal es que los convenios por empresa firmados con las comisiones internas deriven en sindicatos por empresa, avanzando en la atomización de los trabajadores”.


Y es así. El viernes 23, Clarín y Ambito Financiero informaron que el Grupo de los 8 aceptó que los sindicatos puedan firmar los convenios, pero con la excepción de las grandes empresas. “Con esto los empresarios recogen el reclamo de las siderúrgicas, que son las compañías de mayor tamaño y quieren convenios por empresa, negociados con las comisiones internas, sin el sindicato” (Clarín, 23/5).


Particularmente insisten en este planteo Techint y Acindar, lo que terminaría de fragmentar a la Unión Obrera Metalúrgica. Es conocida la larga historia de colaboración de las seccionales de Villa Constitución y San Nicolás con esas grandes patronales. Clarín (23/5)  informa que “la tan mentada unidad monolítica de ese gremio ya presenta fisuras, que tienen su correlato en las voces metalúrgicas que —aún en forma de susurros— reclaman que la Unión se convierta en una Federación, para dotar de autonomía a las distintas seccionales, hoy subordinadas a un poder central, es decir a Lorenzo”.


La disputa en torno a quien firma los convenios no se debe a que la burocracia defienda las reivindicaciones obreras. En lo que va del año, informó Clarín (25/5), la burocracia y las patronales “ya se pusieron de acuerdo en firmar unos 70 convenios colectivos” y “el 80% corresponde a acuerdos por empresa con amplias claúsulas de flexibilización laboral”.


Los burócratas pactaron “jornadas más amplias o su distribución en la semana, mes o año, según las necesidades de las empresas”, el salario atado a la productividad, “vacaciones fragmentadas en cualquier momento del año” y  la aceptación de trabajadores temporales, que no tienen jubilación, vacaciones e indemnización por despido.


Acuerdo


En todos los puntos del pacto CGT-gobierno, las patronales están de acuerdo aunque siempre ‘van por más’. El punto más importante de este ‘pacto negro’ es el que baja la indemnización al 70%, elimina el piso de indemnización de dos sueldos y reduce el preaviso a un mes, cualquiera sea la antigüedad del trabajador (hoy es de 2 meses cuando la antiguedad del trabajador supera los 5 años).


Acepta, además, al cabo de tres años, la eliminación de la propia indemnización y del seguro de desempleo y su reemplazo por un fondo de despido, que la patronal quiere que sea del 2,5% mensual de los sueldos. Esto significa que al cabo de un año de trabajo, la patronal aportaría el 30% del sueldo (2,5% x 12) y el trabajador dispondría de ese aporte si es despedido. En consecuencia, la indemnización bajaría ahora al 70% y luego al 30%, y desaparecería el seguro de desempleo que actualmente está en los 250 pesos por mes, con lo que de hecho la indemnización queda reducida a cero. Con esto las patronales tendrán vía libre para despedir.


Lo que las patronales quieren es que se reduzcan los aportes patronales sobre esos contratos con indemnización reducida y tendiente a cero, para que actúen “como estímulo para que los empresarios tomen gente bajo la nueva modalidad laboral” (Clarín, 23/5).


El reclamo apunta a eliminar por completo los aportes patronales y que la jubilación, la salud, el salario familiar, recaigan exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores y de la población en general, con mayores impuestos al consumo.