Según Héctor Recalde, “de la década del ’90 quedaron la ley de accidentes de trabajo, algunos aspectos de la ley de quiebras, la ley de conciliación obligatoria y la ley de empleo con algunas modificaciones” (La Nación, 4/7).

Es decir, para el asesor de la CGT “queda poco de la reforma (laboral) de los noventa”.

Sin embargo, y sin ir más lejos, Recalde se desmiente a si mismo Recalde si se tienen en cuenta los proyectos laborales que tienen su firma y que el Congreso se niega a tratar por decisión del Ejecutivo K. Entre ellos, el que plantea la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas diarias, derogando lo establecido en convenios colectivos flexibilizados de los noventa, de los cuales Recalde “pone el ejemplo del sector minero que establece en uno de sus convenios de empresa 2.400 horas de trabajo al año” (El Cronista, 10/8). O el proyecto que plantea la restitución del derecho a la indemnización mínima de dos meses de sueldo sin importar la antigüedad, una conquista que “tuvo vigencia en la Argentina desde 1933 hasta 1998, durante más de 50 años” (ídem). O el que propone la derogación del régimen laboral específico para las pymes que permite fraccionar el aguinaldo, computar un solo mes de preaviso en caso de despido, definir categorías convencionales diferenciadas de los convenios, etc. O el que plantea derogar la norma por la que los trabajadores de una empresa en convocatoria de acreedores pierden los beneficios del convenio aunque no se suspende ninguna obligación de otro orden.

Recalde y la burocracia de la CGT y de la CTA esgrimen como un avance histórico la derogación de la Ley Banelco y, en particular, la eliminación de los contratos “basura”. Pero la ley sustituta habilita la vigencia de las pasantías y el aprendizaje, contratos basura de uso permanente en las grandes empresas. La ley del gobierno “nacional y popular”, por otra parte, no impide el fraude cometido con el período de prueba contratando sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo permanente, ni la contratación por agencia, que llega a superar el 50% del personal en numerosas empresas.

Quizás el dato más demoledor es que, en siete años de gobierno K, el trabajo en negro no baja del 35% y este porcentaje se duplica en el campo.