-Exclusivo de internet

El retiro de la Federal de los hospitales ha puesto al rojo vivo la situación de colapso de la salud pública en la ciudad. La muerte de Humberto Ruiz, un vecino de la Villa 31 que falleció el martes 5 de abril por falta de atención frente a un ataque de epilepsia -por lo cual una derivación inmediata le hubiera salvado la vida-, desató la amenaza de sanciones de parte del gobierno contra al médico y ambulanciero, quienes se negaron a entrar en la villa cuando esta realidad forma parte del paisaje. ¡El gobierno de la ciudad machaca con que las villas son territorio de asesinos y de narcos, y luego amenaza con sancionar a los médicos y trabajadores de la salud que no aceptan ingresar en determinadas circunstancias!

Según una denuncia de dirigentes de la villa, recogida por diarios de cualquier signo, ya son cinco los muertos en circunstancias similares en la villa desde julio del año pasado. En la Villa 31 hay un destacamento de la Federal con un puñado de efectivos vinculados con todos los “negocios” que hoy denuncia Garré y un centro de salud que cierra sus puertas apenas comienza a desaparecer la luz del sol. ¿Quién entra hoy en una villa después de las 21 horas en una ciudad que ha estado “protegida” hasta ahora por la Federal y la Metropolitana? La urbanización, según el gobierno de la Ciudad, ha podido avanzar sólo en una (supuestamente la 19), es decir que son tierra de nadie, una situación de la que son responsables ambos gobiernos. El gobierno del PRO acaba de lanzar la idea de una consulta popular sobre si hay que urbanizar o no las villas, luego de cuatro años de mandato.

Mucho antes de la disputa entre Nación y Ciudad por la custodia de los edificios públicos, la atención elemental no existía para un tercio de la población de la capital, cuya única salida es la organización independiente frente a las mafias políticas, policiales y judiciales amparadas por el PRO y el gobierno de CFK. Para unos y otros, que dejan correr estas muertes silenciosas, la vida en las villas vale lo que valió la de Humberto Ruiz.

La ministra dice: “Necesitamos más efectivos en las calles, patrullando, para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

No. Efectivos sobran. Entre los 11.000 de la Federal afectados a Seguridad Metropolitana y los 2.000 de la Metropolitana, más los ¿7.000? de seguridad privada, tenemos una elevada relación de policías por habitante. El problema no es la cantidad, sino la calidad. Desde las comisarías de la Federal (y de la Metropolitana, ahora) se urden los esquemas que habilitan “zonas liberadas” (como ocurrió en el Indoamericano o en el caso del chico que murió a golpes en el recital de Viejas Locas) y “peajes” para los robos, el tráfico de drogas y la prostitución (como acaba de ser revelado, una vez más).

Desmantelar los aparatos represivos vinculados con el delito, anidados en la corrupta Federal y la Metropolitana de Fino Palacios, es una necesidad de orden público que no van a acometer los gobiernos que las amparan y sí un gobierno de trabajadores.

En el mientras tanto, está planteada la lucha por la urbanización de las villas, incluyendo centros de atención primaria con ambulancias disponibles y personal médico capacitado las 24 horas del día, con las custodias que los vecinos acepten. Además de cuerpos de seguridad en cada uno de los hospitales y centros de atención primaria en la ciudad, con efectivos sobre los cuales exista el poder de veto de la asamblea de los trabajadores de la salud en relación a sus antecedentes.