“Empezaron a acusarme de cosas horrible” dijo el presidente Alberto Fernández en relación al nunca presentado proyecto del Frente de Todos para la expropiación de Vicentin y dio por terminada la liturgia chavista alrededor del tema. Para justificar el recule apeló al recurso clásico de echarle la culpa a la opinión popular. Es falso además que los “banderazos” antiexpropiación hayan tenido el poder de fuego que le atribuye el Presidente, ya que no fueron ni masivos ni encarnaron un sentir popular sino más bien todo lo contrario.

En el caso de las movilizaciones en Reconquista y Avellaneda, donde se ubica el corazón del poder patrimonial de las familias oligárquicas propietarias de la agroexportadora, las marchas anti expropiación estuvieron animadas y financiadas directamente por el grupo capitalista. Y se dieron en oposición a las movilizaciones muy grandes de los obreros de Algodonera Avellaneda, que retomaron el paro y piquete en puerta de planta reclamando a Vicentin un aumento salarial, luego de que venciera el plazo de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Roberto Sukerman, que nada ha hecho en favor de lxs trabajadores.

En la entrevista, el Presidente sí dio cuenta de que el objetivo inicial de su proyecto de expropiación partía de rescatar el pasivo del Vicentin a cuenta del Estado: “si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra sino una cerealera floreciente” dijo en FM La Patriada. Pero este grupo tiene Vicentin Family Group fuera de la convocatoria de acreedores y empresas off shore de patrimonio desconocido. Es un grupo capitalista que factura 3 mil millones de dólares al año, que evade compromisos de pago de granos, de impuestos y préstamos, que le sirvieron para apalancarse y expandirse a costa del fisco y del Banco Nación y no obstante ello fue a la bancarrota de todo un sector. Una estatización progresiva, es aquella que expropie los activos y no las deudas del grupo, que deben ser afrontadas por los 100 principales accionistas con su patrimonio personal. Como bien dijo AF lo que él quiso hacer es rescatar a los vaciadores y a sus acreedores, entre ellos bancos extranjeros por U$S 500 millones.

La verdadera situación económica continúa en el misterio, porque pese a las intimaciones del poder judicial y de la Sindicatura General de la Nación, el directorio de la empresa sigue sin presentar el estado contable 2019, el que corresponde al default y a la quiebra. Un último dato que surge de la auditoría interna que lleva adelante la empresa KPMG cuenta que, entre octubre de 2019 y febrero 2020, se “esfumaron” 80 mil millones de pesos (Punto Biz, 14/7). Solo el 2 de diciembre, dos días antes de la declaración de default, desaparecieron más de U$S100 millones de la venta de una parte del paquete accionario.

El recule oficial responde al lobby sojero que anida en el gobierno y tiene al presidente como cabeza de playa. Recordemos que Fernández renunció al gabinete de Cristina Fernández en disidencia con el conflicto abierto por las retenciones móviles a la soja en 2008 y que su campaña electoral presidencial junto a Omar Perotti en Santa Fe cerró en la Bolsa de Comercio de Rosario donde, sentado junto al titular de Vicentin Alfredo Padoán, prometieron eliminar las retenciones por ser “un impuesto distorsivo muy injusto” (sic).

 

Banderazo nac&pop

La convocatoria del 9 de julio en Santa Fe de sindicatos afines al gobierno de Fernández en apoyo “a la intervención del gobierno nacional y la expropiación” de Vicentin no pudo por eso más que ser una convocatoria confusa, que ofreció un programa “a la carta”. En Rosario, la “Multisectorial por la Soberanía y el Trabajo” convocó a un banderazo y caravana cuyo norte político era apoyar al gobierno, con argumentos cambiantes según la organización que tomara la palabra.

La Federación Aceitera, que fue la anfitriona del evento multisectorial, hizo eje en el apoyo “a la intervención del gobierno y en defensa de los puestos de trabajo”. Pero lo real es que hoy no existe ninguna intervención estatal. El DNU de Alberto Fernández que colocaba a Gabriel Delgado a cargo de la intervención nunca se concretó, ya que el gobierno nacional acató el fallo del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que los degradó al cargo de veedores; es decir que el gobierno jamás tomó riendas del concurso de quiebra. Es un bochorno, porque el responsable de este fallo fue el titular de la sucursal del Banco Nación que aceptó los pedidos de créditos absolutamente corruptos que favorecieron a Vicentin durante la gestión de González Fraga. Por su parte, el gobierno de Perotti designó a un organismo provincial a cargo de la intervención -la IGJ- que tampoco tomó control de la empresa, a la espera también de una resolución judicial que se tramita en expediente aparte en el juzgado de Lorenzini y que nada hace pensar tendrá otro destino.

El tema de los despidos es también un eje confuso, porque lo cierto es que los que se produjeron son previos a la quiebra de Vicenton, como los ocurridos en la planta aceitera de Avellaneda. Es muy correcto plantear la defensa incondicional de los puestos de trabajo, porque se está vendiendo la deuda defaulteada por Vicentin y el “Plan Perotti” es un esquema de capitalización de esas deudas, es decir, de toma de posesión de activos a cambio de los pasivos, por lo que ingresarán nuevos capitalistas que irán planteando sus propias condiciones. Todo esto plantea la posibilidad de una reestructuración capitalista en base a despidos y recorte de derechos convencionales.

Pero solo las asambleas obreras y un plan de acción de todos los sindicatos que actúan al interior del grupo servirán como línea de defensa de los puestos de trabajo en caso de una embestida patronal, y no una intervención trucha de un gobierno que viene permitiendo desde el inicio de la cuarentena que su decreto antidespidos sea sistemáticamente violentado por la burguesía. La Federación Aceitera refuerza ilusiones en un gobierno que ató su destino a las negociaciones con los bonistas y el FMI, y que al respecto de Vicentin no ha hecho más que recular ante el lobby sojero.

Si bien la convocatoria estuvo impulsada formalmente por la multisectorial sindical que integra la CTA Autónoma (de Hugo “Cachorro” Godoy) dirigida por Gustavo Teres, y los sectores integrantes del espacio moyanista del 21F como el Sindicato de Recolectores de Residuos (Marcelo “Pipi” Andrada), y el Sindicato de Dragado y Balizamiento (Juan Carlos Schmid), estuvo políticamente dirigida por el Frente Social y Popular (FSP) con la referencia de Carlos Del Frade y el PTP-CCC, que son en Santa Fe el ala izquierdista del Frente de Todos. La convocatoria, por ello, tuvo como centro ser un apoyo al gobierno de Alberto Fernández, que ni intervino la empresa ni la expropió..

La pantalla de humo del Frente Social y Popular

El diputado provincial Carlos del Frade arengó desde el escenario: “sí a la intervención, sí a lo que dijo el presidente de la nación de poner la cara por los trabajadores y por los productores, sí a la expropiación, porque es el debate en el Congreso, no hay nada más transparente que el debate en el Congreso para tener una empresa con participación estatal”. Del Frade omitió decir que el gobierno no ha presentado ningún proyecto por la expropiación de Vicentin en el Congreso, abonando conscientemente a la confusión entre los trabajadores.

El Frente Social y Popular, así como Ciudad Futura, el grupo político aliado a Del Frade en Rosario, viene además de votar como director del Banco Municipal de Rosario a Adrián Giachino, un pinchón de González Fraga y Vicentin. ¿Cómo concilia Del Frade la denuncia que hizo desde ese palco al exdirector del Banco Nación, Carlos Castellani, por haber habilitado la fuga de millones de dólares por parte del directorio de Vicentín, con este voto?

El debate en Amsafe Rosario: dos perspectivas

La convocatoria motivó por esto un fuerte debate en la comisión directiva de Amsafe Rosario, que se desdobló a propuesta de SUR (agrupación docente de Gustavo Teres) debatiendo por un lado la adhesión al documento de la convocatoria y por otro, la participación en la misma. Tanto la agrupación SUR como la Mariano Moreno (PTP-CCC), se manifestaron a favor del documento y de la participación de AR en la caravana.

Desde Tribuna Docente planteamos nuestra posición de rechazo a la intervención trucha y, como habíamos hecho en una reunión anterior, le opusimos al planteo de “apoyo a la intervención del gobierno” la expropiación sin pago de todo el grupo Vicentin, la apertura de sus libros y la puesta bajo control obrero de la producción, posición que finalmente se tomó por mayoría. Con esta consideración, rechazamos tanto la adhesión al documento como la participación en la caravana, ya que no se trataba de una convocatoria sindical con un eje reivindicativo, que ameritara un frente de lucha común, sino de una convocatoria estrictamente política en apoyo al gobierno nacional y por ende, provincial, donde no había posibilidades de desenvolver una posición independiente, ya que no estuvo precedida por una deliberación de las bases de los sindicatos convocantes, sino más bien de los acuerdos de cúpulas propios de las “multisectoriales” que tienen lugar en nuestra ciudad.

El tema renueva el debate estratégico en la izquierda al respecto de cómo actuar frente a este tipo de convocatorias oficialistas que se realizan bajo el manto de convocatorias sindicales de presión al gobierno “por izquierda”, porque favorecen la confusión entre los trabajadores y sirven para lavarle la cara a las burocracias que no desafían o directamente se encuentran integradas al pacto social del gobierno, UIA y CGT-CTA.

Por un pronunciamiento masivo por la expropiación sin pago de Vicentin

El único proyecto realmente existente para la expropiación de los activos de Vicentin en el Congreso es el del Frente de Izquierda en el Congreso, presentado por Romina Del Plá y acompañado por Nicolás del Caño.

Desde el Partido Obrero de Santa Fe impulsamos una campaña de firmas y pronunciamientos para que el mismo sea tratado en el Congreso y lo ponemos a disposición para el debate de las asambleas obreras, cuya organización es el corazón de nuestro planteo de salida a la crisis abierta en Vicentin y en tantas empresas del país. El mismo plantea la expropiación sin indemnización y establece “una férrea defensa de la continuidad laboral y el cobro integral de los salarios para el total de los trabajadores, así como la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo”. Además, dispone la apertura de los libros contables de la empresa, “para verificar las maniobras delictivas que se realizaron contra el pueblo de la Nación” y la creación de una Comisión Investigadora electa por los trabajadores para inventariar la totalidad de los bienes y contribuir a la investigación “sobre todos los ilícitos y maniobras fraudulentas comprometidos”.

Abramos el debate y la lucha, para enfrentar el lobby sojero que amparan los gobiernos.

Sumate.

 

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