Quieren convertir al ARS en “Sociedad De Estado”
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La asamblea de fábrica del Astillero rechazó el primer intento de convertir la empresa en “sociedad de Estado”, un planteo que tiene la autoría común de la burocracia de ATE-CTA y casi el conjunto de la izquierda.
El PO advirtió sobre dos hechos. En principio, que fueron los gobiernos nacional y provincial los que promovieron, primero con la "sociedad anónima” (con capital privado) y labora con un proyecto propio de “sociedad de Estado”, el debate sobre el cambio jurídico del ARS. Como ni Solá ni Kirchner renunciaron a privatizar el Astillero, ¿por qué será que el mismo gobierno que declaró que quería una sociedad anónima convalida ahora una “sociedad ¿de Estado”?
En segundo lugar, el PO advirtió que el gobierno firmó en septiembre un “Acuerdo Estratégico” para la reparación de un buque venezolano por 4,6 millones de pesos y cartas de (intención para estudiar la construcción de buques, y nadie puso como condición un cambio en la forma jurídica del ARS. ¿Por qué será que [lo que antes no era necesario ahora lo es?
Qué dice la ley, y qué no se dice sobre ella
¡La ley consensuada que llevó la mayoría de la linterna a la asamblea prohíbe integrar capital [privado al capital social del ARS y que sea declarado en quiebra. Pero autoriza a “conformar [uniones transitorias de empresas o de colaboración empresarial” (en los proyectos originales de ATE-CTA figuraba explícitamente “asociarte con empresas estatales o privadas”). O sea, abre las puertas a la tercerización.
También faculta a la “sociedad de Estado astilleros a endeudarse y obtener préstamos bancarios en el país y en el exterior, a emitir títulos y a presentar garantías propias como aval para la obtención de préstamos. Un plan de créditos “atados” y no de financiamiento presupuestario que asegure el proceso de producción y el pago puntual de salarios.
Entre los atributos del directorio figura la facultad de someter las cuestiones litigiosas a la competencia de tribunales arbitrales nacionales o extranjeros. El proyecto permite al directorio vender y ceder bienes inmuebles, muebles y semovientes, realizar operaciones bancarias con entidades públicas o privadas, regular las relaciones laborales y fijar los planteles de personal, reestructurar y suprimir oficinas o dependencias, y ejercer los más amplios poderes para la organización, administración y dirección de la empresa.
¿A quién responde este directorio? Al Estado capitalista: es un directorio nombrado a dedo por el gobierno, el mismo que defiende las privatizaciones, el pago de la deuda externa, el congelamiento de los salarios y el vaciamiento de la educación y salud “estatales”. No es un directorio de mayoría obrera nombrado por los trabajadores y sometido al veredicto de la asamblea general, sino un directorio que podrá ejecutar el ciclo de los ferrocarriles, Aerolíneas o YPF: “racionalizar”, ofrecer negocios a la “patria contratista” y “poner en valor” para reprivatizar.
El proyecto de ATE-CTA omite fijar el monto del subsidio “especial” para garantizar el pago de los salarios y el porcentaje del presupuesto que debería destinarse para garantizar el funcionamiento del ARS. (Por lo pronto, y por fuera del proyecto “consensuado” que se va a bajar a la Asamblea, el gobierno provincial mantiene su propio proyecto de ley.)
Defender lo ganado
Deben reconocer los que apoyan la “sociedad de Estado” el peligro que encierra poner el futuro del Astillero en manos de una “ley”, es decir, de la Legislatura privatista (que deberá votarla o modificarla), del gobierno privatista (que podrá vetar algunos de sus artículos) y de la Justicia ídem.
El gobierno de Kirchner anunció un plan de subsidios, reducción de impuestos y 741 millones de pesos para la construcción de buques en astilleros “argentinos”. Como en otros rubros, financia la reconstrucción de la burguesía “nacional” a través del presupuesto, lo que incluye a las privadas que quieren morder los 741 millones y la tercerización de las actividades del Astillero.
El Partido Obrero se mantiene firme en la defensa de lo ganado y por un ARS estatal bajo efectivo control obrero.