En 1996, Carlos Menem y Domingo Cavallo intentaron eliminar el salario familiar para los trabajadores que ganan más de 1.000 pesos y reducirlo para los que cobran menos de esa cifra. La reacción popular fue tan grande que la CGT se vio obligada a declarar un paro general cuya contundencia llevó a Menem a “renunciarlo” de Cavallo.

Ya Cavallo fuera del gobierno, y a cambio de otras prebendas (como el control de la Superintendencia de Salud para seguir manejando las obras sociales), la burocracia sindical negoció el salario familiar y acordó que el salario por esposa fuera eliminado y el salario por hijo quedara anulado para los que ganan más de 1.500 pesos.

Ahora de vuelta en el Ministerio de Economía, Cavallo recortó en un 13% todas las asignaciones familiares y se prepara para dar un nuevo zarpazo.

Según los diarios (Clarín, 18/10), “el gobierno quiere reformar de raíz el sistema de asignaciones familiares y achicar así en el 2002 en 600 millones de pesos los pagos de estos beneficios”.

La propuesta es que “en lugar de que el salario familiar lo cobren los trabajadores registrados y los que tienen seguro de desempleo, como es ahora, pasen a cobrarlo todos los trabajadores estén o no registrados, y también los desocupados, cobren o no subsidio al desempleo”.

Como es típico de la Alianza, tamaña “generosidad” esconde una “trampa”, porque esta “extensión del beneficio a los que trabajan en negro o son desocupados saldrá de un recorte en los beneficios de los trabajadores que están registrados” y de “ciertos planes sociales, como becas del Ministerio de Educación y subsidios de Desarrollo Social” que se integrarían al nuevo sistema “para ahorrar partidas”.

La propuesta es suprimir la asignación por matrimonio y nacimiento y que el salario familiar por hijo lo cobren sólo los que ganan menos de 1.000 pesos. Además, el salario familiar sería más bajo. En lugar de un monto fijo de 40 pesos por hijo pasaría a ser decreciente: 40 pesos por el primer hijo, 30 pesos por el segundo y 20 pesos por el tercero, con un tope de 90 pesos por familia. Así, quien tiene tres hijos y cobra 120 pesos, pasaría a cobrar 90 pesos.

Al mismo tiempo, se elimina la ayuda escolar anual que se cobra en marzo y es de 130 pesos por hijo. Este beneficio “se reemplazaría por la entrega efectiva de útiles y libros por un total de 50 millones de pesos”, lo que significa que hay un negociado en marcha.

La otra trampa tiene que ver con la “extensión” del salario familiar a los que están en negro o son desocupados. Porque para eso esos trabajadores deberían registrarse; y hacer el padrón, según el gobierno, tendría “un costo de 100 millones”, lo que significa que hay otro negociado. Pero además, el trabajador que está en negro no se va a registrar porque automáticamente sería despedido por la patronal. En el caso de los desocupados, lo que se quiere es eliminar los planes Trabajar con una ayuda miserable a los hijos, previo empadronamiento, es decir, al margen de las organizaciones de desocupados.

Como en 1996, esta ofensiva tiene que ser frenada con la huelga general.