El gobierno macrista profundiza su orientación fondomonetarista con la reciente reasignación de partidas presupuestarias, que entre una serie de medidas antipopulares resta fondos de ciencia, educación y salud –con un ajuste contundente a las universidades- para asignarlos a las fuerzas represivas al mando de Patricia Bullrich.

La decisión administrativa 1605/18 publicada en el Boletín Oficial establece que “se amplían los créditos vigentes de la Policía Federal Argentina (…) a fin de atender el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el pago del servicio de policía adicional que presta la citada fuerza de seguridad” y que ello “se financia con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social”. 

La disposición tuvo un extendido repudio, en particular por parte de los docentes y estudiantes que protagonizan desde hace más de un mes una rebelión contra el colapso del sistema educativo, expuesto trágicamente en el crimen de Moreno. La resolución oficial establece también la reducción de 1.639 millones de pesos en partidas para las universidades, cuando a lo largo y ancho del país se vienen llevando adelante tomas de facultades y asambleas multitudinarias por obras de infraestructura (donde se presume que más golpearía el ajuste) y contra la rebaja salarial de la docencia. 

En Educación se llevan adelante otros recortes por 12 millones de pesos, mientras que se establecen quitas en numerosos programas de Ciencia (y en este marco, se asigna menos de lo prometido para el vaciado Conicet); en los fondos de Ambiente para el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo (15 millones); en los programas de Desarrollo Social destinados a integración sociourbana (129 millones), promoción de la primera infancia (117 millones), protección integral de niños y niñas (5,8 millones) y protección de adultos mayores (2,2 millones); en el Plan Belgrano y en Turismo.

Lo del Fonid es solo una parte del engorde a las fuerzas federales por parte del gobierno, que  viene de reinstalar por decreto a los milicos en la seguridad interior y que en estos días reunió a su “Mesa de Seguridad” para urdir operativos represivos contra la creciente protesta social ante la carestía y el desempleo. Así, la Policía Federal suma otros 42 millones; 400 millones se reasignan para jubilaciones de Gendarmería Nacional y las Fuerzas Armadas se benefician con 145 millones para el Ejército, 588 millones para la Armada y cuatro millones para la Fuerza Aérea (Página12, 11/9). Estos aumentos a las Fuerzas Armadas se justifican “a los fines de financiar el Operativo Integración Norte”, que materializa el decreto mencionado, con el despliegue de militares en la zona fronteriza de Salta a Misiones.

Mención aparte merecen los 710 millones extra para Migraciones, área en la cual nuevas avanzadas xenófobas han ido complementando el decreto 70/2017 del Poder Ejecutivo, que criminaliza a los trabajadores provenientes de otros países.

Este paquetazo aparece en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2019, en las que Macri cocina con los gobernadores de todo signo la profundización del ajuste contra la población trabajadora. En esa ley de leyes Cambiemos, el PJ y otros cómplices prevén nuevos ataques a las áreas mencionadas, a la obra pública, a los jubilados y a la planta estatal, al tiempo que preparan nuevos tarifazos.

La rebelión de educadores y educados es un ejemplo a seguir para toda la clase obrera, para quebrar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores y oponerle una salida política propia.