La rabia no está erradicada en la Argentina. Según el interventor del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, hubo ocho casos de perros contagiados de rabia en Jujuy hasta octubre de 2007; suman 250 desde 2003 (El Cronista Veterinario, octubre de 2007). Este año, sólo hasta marzo se habían detectado cuatro casos más de rabia canina también en Jujuy (El Libertario.com), más un caso de rabia felina en Caballito y otro en Lavallol.

En julio, los diarios informan que ha muerto un niño de rabia en Jujuy.

Según el ministro de Salud jujeño, Víctor Urbani, “el chico tenía indicaciones de vacuna por ser menor y por haber sido mordido. Se lo suturó, se le dieron antibióticos y la antitetánica. Aunque su familia fue citada para la antirrábica y no concurrió, es una familia humilde y el sistema de salud lo sabe y tenía que intervenir” (La Nación, 22/7).

Pero según Página/12 (22/7), “el ministro Urbani desligó de culpa a los profesionales de la salud y sostuvo que la responsabilidad quedó ‘en manos de los padres’ del pequeño”.

Pero hasta la fecha no se sabe si el chico realmente murió de rabia. Urbani sostuvo que se enviaron muestras al Instituto Pasteur y que allí “se determinó la existencia de anticuerpos antirrábicos, lo que permite concluir que se está en presencia de un caso de rabia humana”. No obstante, las autoridades de ese centro lo negaron (Crítica Digital).

Mientras tanto, aquí, en Buenos Aires, el Instituto Pasteur, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios y el mismo gobierno de la Ciudad, hacen la plancha. En sus paginas web, ni rastro. Cansados estamos de ver afiches por toda la ciudad de “lo bueno que está Buenos Aires”. De la prevención de esta enfermedad mortal, nada. La Ley 1338 (control poblacional de animales domésticos), sancionada y promulgada bajo el mandato de Ibarra, todavía no ha sido reglamentada. Sin embargo, sí está regimentado el trabajo de los paseadores de perros y la imposibilidad de su acceso a las plazas más “paquetas” de la Capital.

La rabia es una enfermedad que no tiene cura. Las personas que la contraen, mueren. El Estado es el responsable de que esto no suceda. No lo hacen.