Las elecciones del 6 de junio fueron un verdadero fraude. Se presentaron seis partidos, pero, con el régimen de sublemas, se juntaron 1.860 listas que reunieron a más de 45.000 candidatos (el 5,5% del padrón electoral). Es la fórmula que los partidos patronales encontraron para contener la descomposición de sus organizaciones y para crear una enorme cortina de humo de la más grande crisis económica y social de la historia provincial.

Los resultados han quedado con final abierto, pues cuando faltan registrar 300 mesas observadas, que equivalen al 8% de los votantes, el Frente Fundacional (PJ) se imponía por 192.256 votos (35,89%) a 189.595 (35,40%) de Fuerza Republicana. En cualquier caso, el ganador sólo representaría a una minoría. Si se toma en cuenta el padrón de votantes (819.000), sólo representaría al 23% del electorado, porcentaje que incluso podría ser mucho menor, porque los resultados suman los votos de sublemas (más de 1.000 en el PJ y centenares en el bussismo), que en muchos casos tienen puntos de vista contradictorios. O sea que, en el mejor de los casos, quien llegue a la gobernación lo haría con el apoyo de alrededor de solamente 15% del electorado y con una legislatura (como ocurrió con la anterior) que va a reflejar la misma falta de representatividad y que se va a balcanizar en decenas de bloques.

Tanto el bussismo como el PJ son fuerzas en retroceso. En las elecciones a gobernador del ‘95, el bussismo había obtenido 262.975 votantes con un padrón inferior. En el caso del PJ, éste había obtenido 179.187 votos, lo cual representa un porcentaje similar al obtenido en esta oportunidad. Por eso, en cada elección, los procedimientos de compra del votante son cada vez más alevosos. Las perspectivas, luego de las elecciones plantean una crisis política. Bussi, completamente debilitado por los resultados, deberá seguir hasta diciembre y quien lo releve será completamente irrepresentativo, todo esto en medio de una crisis económica y social explosiva.

Las elecciones del 6 también registraron el fracaso de la Alianza, a la cual algunas encuestas presentaron incluso como potencial ganador o segunda minoría. Apenas llegó al 22% de los votos, similares a los que la UCR sola obtuvo en 1995.

Pero quizás el derrumbe más grande fue el de Pueblo Unido, que perdió casi dos tercios de sus votos (de 77 mil —casi un 14%— en las parlamentarias del ‘97, a 27 mil —5,5%—). Esta es la retribución que consiguió Parajón por su giro derechista, transformando a PU en un sublema más de la Alianza; con candidatos compartidos; con otros con pasado procesista, como Imbaud, represor del Tucumanazo; y un conjunto de carreristas sin trayectoria de lucha, coronado con el anuncio de que en octubre iba a apoyar a De la Rúa porque era su amigo desde hacía 30 años. El discurso de Parajón contra el modelo quedó vaciado por su asociación con quienes se presentan como los mejores continuadores del ‘modelo’ menemista. A esto, Parajón sumó su borratina del escenario de las luchas populares y su sociedad con la burocracia del CTA que presentó candidaturas en las zonas más conflictivas de Tucumán (como la Banda del Río Salí, donde está el Ingenio Concepción). En todos esos lugares PU sacó bajísimos porcentajes (inferiores al 3%), pues esa dirigencia burocrática le dio la espalda a todos los reclamos de los trabajadores. Con el fracaso de Pueblo Unido se asocia el de Patria Libre que llevó candidatos en sus listas. Reyna, candidato a presidente del Frente de la Resistencia y de Patria Libre, el mismo día que Parajón anunciaba su apoyo a De la Rúa, viajó a Tucumán, a darle el apoyo a Pueblo Unido.

Un capítulo aparte merece el resultado del PO, que logró 1.746 votos cuando en la elecciones a gobernador del ‘95 habíamos logrado sólo 372 votos; un importante crecimiento, incluso superior a todas las otras elecciones, pues nunca habíamos superados los 1.500 votos. Una cifra que es más importante destacar, porque se logró a pesar de un fraude escandaloso contra el partido, hasta el punto que, en un tercio de las escuelas de la capital, no hubo boletas del PO; lo mismo ocurrió en zonas del interior donde pudimos hacer la verificación, lo cual hace suponer que en los municipios más alejados ocurrió algo similar. Al día siguiente de las elecciones, en la puerta del Ingenio Concepción, los trabajadores nos decían que no nos pudieron votar porque no había boletas en las aulas. A este hecho se sumó la acción deliberada de destruirnos las boletas, acción que también sufrieron algunos sublemas opositores del PJ. O sea que el PO registró esa votación casi sin boletas en las aulas, gracias a que realizamos una gran agitación del voto en las dos semanas previas junto con diversas declaraciones político-reivindicativas. Fuimos censurados: en programas televisivos a los que fuimos invitados se nos informaba que, por orden de los directivos, se levantaba nuestra participación; en otros casos, la censura política se disfrazaba de censura comercial, a pesar de lo cual en las oportunidades que ocupamos algún medio tuvimos un gran impacto, porque fuimos los únicos que planteábamos una salida a la crisis desde el punto de vista de los explotados. El partido logró sumar a sectores del activismo de la izquierda que hizo oídos sordos a los planteos votoblanquistas, como el de IU, que recién en la última semana dio a conocer un comunicado anunciando que retiraban todos sus candidatos de las listas de PU, pero desplegando, en el caso del PC, una acción anti-PO con el argumento de que Altamira había criticado a Patricia Walsh. En el caso del Mst, llamaron al voto en blanco y a hacer la unidad para octubre. Es una izquierda sin rumbo.

Despejado el escenario electoral, queda abierta una crisis en la definición del resultado, y por otro, la inmensidad de la crisis económica y social, pues ya debería haber comenzado la zafra, pero está demorada por falta de financiación y por la amenaza de los obreros de varios ingenios de entrar en huelga general si las patronales no dan marcha atrás en los recortes salariales y los despidos. Al momento de escribirse esta nota, los obreros del Ingenio Concepción estaban reunidos en Asamblea General para decidir si iniciaban la huelga por tiempo indefinido, ya que fracasaron las tratativas con la empresa. En el mismo terreno, el Banco Mundial tiene un crédito en suspenso hasta que el gobierno y la legislatura aprueben diversas medidas para acelerar la política privatista en el terreno educativo y en el de la salud pública.

En este cuadro, más que nunca está vigente el planteo que levantó el PO en la campaña electoral, que las organizaciones obreras y populares rompan con los partidos patronales y voten ya un plan de lucha para aprovechar la crisis del gobierno y los partidos patronales e imponer los reclamos de los trabajadores.