La reaparición pública de Florencio Randazzo, con la mira puesta en las elecciones de este año, contó con definiciones políticas por parte del exfuncionario kirchnerista en las que se mostraba partidario de una reforma laboral en la Argentina. En sus declaraciones sostuvo que “hay que discutir una ley laboral nueva, moderna, no para que quien ya tiene trabajo y derechos adquirido, sino para el otro 51% que está afuera” y que “la mayoría de la dirigencia sindical es parte del problema y las organizaciones sociales también pasaron a ser parte del problema”.

Randazzo, quien fue ministro de interior y transporte hasta 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner y luego rompió, impulsando así el intento fallido de conquistar una banca en el Senado en 2017, ahora se dispone a desarrollar un armado peronista por fuera del Frente de Todos, que funcione como “avenida del medio” de la polarización electoral que existe entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Ahora bien, sus planteos no tienen nada de novedosos, son una apología a la flexibilización laboral y a la pérdida de conquistas por parte de los trabajadores.

En primer lugar, es falso que la pérdida de derechos laborales derive en un incremento de puestos de trabajo, como lo quiere presentar. La reducción del “costo laboral” es un objetivo estratégico de la clase capitalista en función de descargar las sucesivas crisis que ellos generan sobre las espaldas de los sectores populares, y, como tal, los distintos gobiernos de turno han intentado llevar adelante esa tarea. El discurso de que un beneficio a las patronales se traduce en menos desempleo ha sido desmentido por la historia; sin ir más lejos, la reforma laboral menemista generó que la desocupación pasara del 7% al 15% y el índice de pobreza aumentara del 26% al 38,8%.

Randazzo, por otra parte, propuso “generar incentivos para que el empleador pueda regularizar a quien trabaja en la informalidad y que formalizar un trabajador no sea un problema”. De nuevo, la experiencia ha demostrado que todos esos “incentivos” a las empresas no han colaborado en bajar los niveles de trabajo no registrado -que alcanza hoy en día al 32,7% de los asalariados del país- pero sí han abonado en una mayor flexibilización laboral y en el desfinanciamiento de la caja jubilatoria y las obras sociales. Todos los gobiernos de los distintos colores políticos han establecido concesiones a las patronales con la excusa de combatir el trabajo informal. Podemos mencionar la reducción de aportes patronales que va desde Menem hasta Alberto Fernández, o el “blanqueo laboral” del macrismo, en el cual el Estado se hacía cargo durante tres años de las cargas sociales que le correspondían a los empresarios. Medidas que solo representaron un beneficio para la burguesía y un retroceso para la clase obrera.

Por otro lado, la afirmación de que la dirigencia sindical en Argentina ha sido un obstáculo para el implementación de una reforma laboral es una lectura equivocada de la realidad. En 2017, la CGT pactó con el gobierno de Macri un borrador de reforma que convalidaba ataques a las condiciones de trabajo como la multifunción, la reducción de indemnizaciones y la tercerización. Sin embargo, la rebelión popular de las jornadas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma jubilatoria imposibilitó que la reforma laboral pudiera ser impulsada por medio de un proyecto de ley. De este modo, se intentó implementar por la vía de acuerdos sectoriales con las distintas burocracias sindicales realizando modificaciones convenio por convenio. Para los trabajadores petroleros, por ejemplo, la política de flexibilización por rama implicó la eliminación de adicionales salariales, limitó su derecho a huelga y los obligó a trabajar con vientos poniendo en riesgo sus vidas, entre otros retrocesos; lo cual no revirtió la huelga de inversiones que persiste en el sector. La traición de las centrales sindicales continúa al día de hoy, habilitando topes salariales y acordando un salario mínimo que significa un tercio de la canasta de pobreza.

Por último, opinó sobre la necesidad de reemplazar los planes sociales por puestos de trabajo. A juzgar por su discurso, no se refiere a trabajo bajo convenio sino a la creación de empleo con menos derechos laborales. ¿Qué diferencia hay entre ese planteo y los programas sociales existentes que tienen contraprestación laboral y son utilizados por el Estado y las empresas como mano de obra barata? Ninguna. Estos trabajadores precarizados realizan las mismas tareas que un trabajador bajo convenio pero reciben sumas miserables muy por debajo de la línea de indigencia. Cuando excluye de las reformas a “los que ya tienen trabajo y derechos adquiridos”, oculta que la proliferación de la precarización laboral contribuye en desvalorizar la fuerza de trabajo en su conjunto. Como se ve, el planteo de Randazzo no tiene que ver con generar empleo sino que apunta a maximizar las ganancias de los empresarios extendiendo el trabajo precario.

El señalamiento de que “las organizaciones sociales pasaron a ser parte de problema” es un intento pérfido de responsabilizar al movimiento piquetero de la desocupación, dando a entender que con su lucha en las calles desalientan que las patronales generen puestos de trabajo. Lo que ocultan sus dichos es que de fondo su intención es la de desarmar a las organizaciones sociales, reforzando a los intendentes y a su aparato punteril.

No hace más que reproducir el libreto de la clase capitalista, el mismo que ha utilizado el conjunto del régimen político a la hora de gobernar. Esta orientación ha dado lugar a sucesivos ajustes contra el pueblo y a un incremento de la pobreza. En ese sentido, los trabajadores debemos contraponerle un programa que no nos haga pagar la factura de la crisis nuevamente. El mismo debe contemplar un salario mínimo de $61.000; trabajo bajo convenio para todos; prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desocupación; jubilación equivalente a la canasta de la tercera edad; 82% móvil y reposición de aportes patronales; paritarias sin techo indexadas a la inflación; estatización de toda empresa que cierre, despida o reduzca salarios. A su vez, las palancas de la economía tales como los hidrocarburos, la banca y el comercio exterior, deben ser nacionalizadas bajo control obrero para ponerlas al servicio de un plan de industrialización nacional, generación de empleo y satisfacción de las necesidades sociales. La ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto y progresivo al gran capital. Este es el planteo que levantamos desde el Frente de Izquierda Unidad.

Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que nos gobiernan y nos han gobernado en las últimas. Solo los trabajadores podemos darle una salida a la crisis.