Políticas

11/6/2020|1597

Rechacemos la nueva suspensión de la movilidad jubilatoria

Que no pase la ley enviada al Congreso

El gobierno de Alberto Fernández acaba de presentar el proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la movilidad jubilatoria y seguir con los decretazos.


Estos decretos han llevado a que en marzo se otorgara un 2,3% más una suma de 1.500 pesos para la mínima y aumentos de porcentaje decrecientes que sacaron 5.000 millones de pesos mensuales de los bolsillos de los jubilados. En junio, otro decreto otorgó el 6,12%, rebanando casi la mitad de lo que hubiera correspondido.


Si se hubiera aplicado la fórmula anterior, basada en la inflación y en la variación salarial, en marzo hubiera correspondido 11,56% para todos los jubilados y en junio 10,91%. Un 23% acumulado, que ha sufrido un cercenamiento del 5 al 14%, según el monto jubilatorio.

Es bueno recordar que el 23% que debió aplicarse es reparatorio de la inflación del último semestre del año pasado. Es decir que sobre la inflación de este semestre de 2020, que acaba a fin de junio, la compensación sobre la inflación ha sido cero. Contra el relato “nacional y popular” de que a los jubilados les están dando más aumento que la inflación.


En la presentación judicial encarada por la Defensoría de la Tercera Edad, que adicionó una ampliación a la demanda colectiva presentada en marzo, se cuestionó la suspensión de la movilidad, ya que con esto los jubilados perdieron entre 541 y 14.022 pesos, según los distintos niveles de ingresos, desde los más bajos a los más altos (Infobae, 5/6).


La anulación de la movilidad fue una de las primeras medidas del gobierno, concretada a pocos días de la asunción presidencial de Fernández, con lo cual se avanza en la abolición de todo vínculo de las jubilaciones con los sueldos de los trabajadores en actividad (salario diferido) y consolida una pérdida anual enorme. Es una regresión, una desvalorización aún mayor a las de por sí miserables jubilaciones.


Como muestra se puede ver: lo que en mayo era de 15.892 pesos, por el decreto pasó a 16.864 y debería haber sido de 17.403. Una jubilación de 20.000 pesos pasó a 21.224 en junio y debió haber sido de 22.371. En el caso de una que en mayo era de 106.934 pesos, por decreto cobra en junio 113.478 y debería haber cobrado 127.498 por la movilidad anterior (abogados Bernabel & Asociados).


En el nuevo proyecto presentado, el gobierno plantea la continuación de la suspensión de la movilidad y en sus fundamentos aparece la excusa de la pandemia y con todo descaro que se pagaron las ATP (medio sueldo de cada trabajador de empresas que argumenten caídas económicas), por el cual se exime a las patronales de hacer los aportes y se han otorgado préstamos a tasa cero.


Es decir, Alberto Fernández; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; Sergio Massa y Cristina Kirchner se consideran con atribuciones y derechos para usar los fondos jubilatorios para rescatar y subsidiar a los patronales, a los capitalistas como los Techint, Clarín, Aluar, Coca-Cola y compañía, mientras imponen una nueva suspensión del derecho adquirido emergente de la movilidad establecida en la Ley 27.426.


Cuentan con la complicidad de las direcciones sindicales de la CGT y CTA, cuyas intervenciones son relativas a apoyar la política del gobierno en las negociaciones de la deuda con el FMI, que incluyen los recortes jubilatorios, así como las rebajas de sueldo del conjunto de los trabajadores o para reclamar salvatajes a las patronales. Todo lo cual está impactando de lleno en el sistema jubilatorio, creándole un estrés que lo coloca al borde del colapso.


Es claro que las exigencias de los banqueros y el FMI están en la motivación de fondo de estas medidas. El ajuste está en marcha y nosotros, los jubilados, en el centro de ese ajuste. Como lo expresa una hermosa canción: “El dinero de los jubilados está financiando las balas de la policía racista en Estados Unidos”.


Se plantea la intervención de los trabajadores jubilados y los trabajadores activos para rechazar este nuevo robo. Defendiendo la movilidad, apoyando el amparo colectivo, reclamando el 82% móvil, los 45.020 pesos de mínima, defendiendo las cajas provinciales y los regímenes especiales que también quieren ser considerados en la reforma previsional en marcha, como lo muestra Córdoba.


Se impone, junto a este programa, la restitución de los aportes patronales, la devolución de todas las deudas del gobierno con la Anses y terminar con el trabajo en negro y con las rebajas salariales. Anses y las demás cajas no pueden estar en manos de los voraces funcionarios al servicio de sortear el derrumbe fiscal con la plata de los jubilados. Otros son los lugares donde buscar recursos para enfrentar la pandemia: el no pago de la deuda o un impuesto a las grandes rentas y fortunas. Por eso, la Anses y las demás cajas deben ser administradas por trabajadores y jubilados, sus dueños. Los jubilados vamos también por estos objetivos de conjunto.


El 16 de junio, en la jornada nacional de lucha decidida por el Plenario Sindical Combativo, estos reclamos estarán en primera línea, del mismo modo que se hará desde la banca del FIT-U. Los jubilados cordobeses ya empezaron a ganar la calle. Marcan el camino.