Políticas

21/3/2018

Reforma judicial: la Justicia Legítima de Vidal

Escribe Guillermo Kane

A horas de la primera sesión de este año de la Legislatura bonaerense el Ejecutivo ingresó dos proyectos para su tratamiento en la sesión, vinculados a la anunciada Reforma Judicial.


El acuerdo de co-gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal y el PJ, que permitió votar el presupuesto de ajuste y endeudamiento, el zarpazo a las jubilaciones de los empleados del Banco Provincia y preparar los despidos masivos a fines de año con la Ley de Ministerios, alcanzaría en este caso para que se aprueben las prórrogas de Emergencias pedidas por Vidal: la de emergencia administrativa, que permitirá seguir con los despidos, cierres de organismos y precariedad laboral; también la prórroga de la emergencia de infraestructura, que le facilita a Vidal la entrega discrecional de negocios a la patria contratista, por fuera de controles y licitaciones.


No han llegado a un acuerdo en esta sesión para el tratamiento de dos proyectos vinculados a la Reforma Judicial: una modificación de la composición del jury para enjuiciar a magistrados y una comisión de “mapeo” de la Justicia bonaerense, encargada de presentar una reforma integral.


La modificación del jury tiene por finalidad hacer que quien integre el de enjuiciamiento permanezca en ese cargo hasta que termine un caso abierto. La intención es prorrogar la acción de la actual presidente de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, una afiliada de la UCR que debe rotar en la presidencia el mes próximo.


Quieren que sigan interviniendo en procesos como el de destitución del Juez Luis Arias, que en su momento emitió fallos contra los tarifazos y descuentos a los docentes por días de paro (así como, en el gobierno de Scioli, reconoció la cifra total de muertos por la inundación que el gobierno provincial había escondido). Arias fue suspendido y sometido a juicio con los votos de Cambiemos, el PJ y el Frente Renovador.


La Corte Suprema ha aceptado en estos días el tratamiento de una demanda de los trabajadores del BaPro contra la ley que recorta las jubilaciones por las que han aportado años. Los cierres de escuelas, de modalidades educativas, de Ferrobaires, han dado lugar a presentaciones diversas.


En momentos en que diversos conflictos de la provincia pueden ser dirimidos por la Justicia, el reforzamiento del apriete que supone quitar del medio a los jueces que no respalden la política oficial, es crucial.


Los “republicanos” del PRO quieren una Justicia Legítima propia dentro de Poder Judicial bonaerense, replicando los manejos que criticaban del kirchnerismo. El manejo de la Justicia que se quiere aceitar por esta vía también estará al servicio de la represión a los trabajadores para hacer pasar el feroz ajuste y la “doctrina Chocobar”, de vía libre al gatillo fácil y el verdugueo policial a la juventud.


El otro proyecto, el de “mapeo”, abre curso a una negociación con el PJ, la Corte, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados sobre las características de una reforma judicial. Los grandes ausentes de la comisión constituida son los trabajadores judiciales, lo cual es lógico, dada la intención expresada varias veces por Macri y Vidal de extender horarios, reducir vacaciones y responsabilizar a los empleados del actual funcionamiento del sistema judicial.


Lejos de ser un proyecto inocuo, se abre con esto una gran rosca para preparar más flexibilización, despidos y achiques, en un gremio donde una masa de varios miles trabaja en negro o ad honorem.


El Partido Obrero desde la banca del FIT denuncia el carácter reaccionario de la reforma judicial de Vidal y reclama la elección popular y la revocabilidad de los jueces, así como la necesidad de que cualquier modificación en el sistema judicial sea discutida en las asambleas de trabajadores judiciales, terminando con la precariedad y la flexibilidad laboral en los juzgados.