15/07/2020

Renunció la cúpula policial en Chaco

Un principio de insubordinación ante Capitanich. El gobernador busca lavarse la cara, mientras designa otro represor y siguen libres quienes torturaron a los Qom.

El jefe saliente, Fernando Romero.

En el marco de la crisis abierta tras las torturas de efectivos a jóvenes Qom en la localidad de Fontana, renunció esta semana la cúpula de la Policía del Chaco.

Con esa acción, los jerarcas de la fuerza plantaron bandera ante el gobierno de Jorge Capitanich, al que le habían reclamado en declaraciones públicas la reincorporación de los agentes involucrados.

Procuran que se vaya hasta las últimas consecuencias con la línea de impunidad del Estado chaqueño, que recientemente había liberado a los policías involucrados y cambió la carátula de las acusaciones a una más leve. Este caso se viralizó y fue generalizado el repudio a nivel nacional, pero el gobierno del Chaco no dijo ni una sola palabra sobre un reclamo elemental planteado por las víctimas, familiares y distintas organizaciones: la prisión efectiva para los policías involucrados. La desidia de un Estado que ampara sistemáticamente este accionar se vio reflejada desde un primer momento: los policías fueron detenidos recién dos semanas después de que ocurriera el hecho, tras el repudio social, para luego otorgarles la prisión domiciliaria debido a que «podían contagiarse de coronavirus». Luego vino el cambio de carátula y la liberación, permitiendo un avance y defensa corporativa por parte de la cúpula policial, que reclamaba que se los reincorpore al servicio activo en la zona donde viven las víctimas (que ya habían sido amenazadas por la policía local por sus denuncias), con los riesgos de nuevos ataques o venganzas por parte de los efectivos.

Insubordinación y crisis La cúpula renuncia en defensa de una histórica línea de impunidad, que se manifiesta en las miles de causas de denuncias a agentes que nunca sin llevadas a juicio. Así lo reconoció el jefe de la policía saliente, Fernando Romero, al justificar en los medios su reclamo de reincorporación de los violadores de Fontana porque «hay 900 policías del Chaco con causas abiertas» (un número que, a su turno, pone de manifiesto el silencio cómplice de los organismos de Derechos Humanos y de la mujer, y del Instituto del Aborigen Chaqueño, cooptados por el gobierno de Capitanich). Mientras los policías están siendo acusados e incluso se tramitan las causas, siguen ejerciendo el servicio activo. Esta situación rige en todas las causas de abusos policiales en la provincia con excepción del caso de Fontana, donde por única vez se los ha sacado del cargo merced a la presión local y nacional y la movilización. La renuncia en disconformidad con las decisiones del gobernador representa un principio de insubordinación y de descomposición del aparato del Estado. Se ha abierto una crisis entre el gobierno y las fuerzas de seguridad que veremos cómo evoluciona. Capitanich pretende ahora lavarse la cara aceptando la renuncia de la cúpula y publicando que quería «una fuerza de seguridad #organizada, #idónea y #calificada moral y profesionalmente» (Diario Chaco, 14/7). Pero antes de ello, se habían trabado negociaciones para evitar esa renuncia, de las que habría participado incluso el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, según reconoció su presidente Silvio del Balso a los medios. Tras ello, el gobernador designó como nuevo jefe de la policía «calificada moralmente» a Ariel Acuña, uno de los responsables directos de la represión, cacería humana y asesinato que llevó adelante la policía el 24 de septiembre de 2015 y derivó en la muerte del dirigente social Ángel Verón, así como del encubrimiento posterior de ese crimen. ¡El gobierno de Capitanich pretende hablar de derechos humanos mientras los policías están libres! Mientras siguen encubriendo a toda la cadena de responsables que participaron de los allanamientos y estaban en la comisaría cuando torturaban, golpeaban y abusaban de las jóvenes. Política de Estado Todo este derrotero vuelve a mostrar el carácter del gobierno de Capitanich, que el 11 de diciembre del 2019, a solo 24 horas de asumir, ya se encontraba reprimiendo a las compañeras y compañeros del movimiento 25 de mayo de Quitilipi por reclamar trabajo y alimentos. Y que luego lo hiciera con las compañeras y compañeros del Polo Obrero y la Cuba que participaban de una jornada nacional «sin hambre no hay cuarentena» y más adelante con el personal de salud que se manifestaba en la provincia. En sintonía con esta política, el gobernador no emitió ni una palabra sobre las torturas del originario Ángel Peñaloza en Fuerte Esperanza. Los hechos de Fontana aparecen a su vez ligados a una política estatal sistemática en el Chaco contra los pueblos originarios. Tanto los gobiernos del PJ como de la UCR son responsables de la expulsión de aquellos sus tierras, de la expansión de la frontera sojera y los desmontes que han ido de la mano con el despojo a las comunidades de sus derechos ancestrales, de su cultura, de su modo de vida, de su trabajo. Y que han provocando éxodos de hermanas y hermanos hacia las zonas urbanas, condenados a la miseria y al hacinamiento en villas de emergencia como el Gran Toba, donde hay más de 5.000 familias de originarios y ha adquirido repercusión nacional la enorme cantidad de casos de Covid-19. En Pampa del Indio, hace más de tres meses que las comunidades originarias permanecen luchando a la vera de la ruta en reclamo de agua y alimentos. Está renuncia de la cúpula policial en defensa de los violadores se da, finalmente, en el marco de graves casos de violencia de género en la provincia. Tan solo en el último fin de semana se registraron tres femicidios: el de Xiomara Matías en Castelli, de 14 años, a quien se encontró ahorcada pero cuyo cuerpo presentaba múltiples golpes; el de Ramona Benítez de 29 años, quien mientras iba hacia la comisaría a realizar la denuncia número 18 por violencia de género fue degollada por su pareja en Presidencia de la Plaza; y el de Camila González, de 24 años, apuñalada por su novio en Resistencia. La defensa que hizo la cúpula con su reclamo es generalizada de toda la policía del Chaco, porque hay un sistema de impunidad que responde a una política de Estado y que se ha ido retroalimentando con las causas sin destino, las represiones, los abusos, las golpizas, el encubrimiento, los lazos con el narcotráfico y las violaciones de los derechos humanos. Para terminar con ese régimen de constantes ataques al pueblo hay que disolver el aparato policial corrupto y represivo, que defiende abiertamente las torturas, golpizas y agresiones racistas hacia las comunidades originarias.

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