El gobierno extorsiona a la franja de jubilados que está entre los de mayor vulnerabilidad, en un sector de la población que es, de por sí, uno de los más vulnerables. Son aquellas personas que, con más de 80 años de edad o con enfermedades graves, recibieron un aumento en sus haberes otorgado de manera unilateral por el Anses, el que ahora les sería quitado si, antes del viernes próximo, no han aceptado ese reajuste a través de la web del organismo o no suscribieron el acuerdo desistiendo del juicio por incremento de su jubilación, en el caso de los que lo hubieran iniciado.

Se trata de una verdadera extorsión porque aquellos que recibieron el reajuste unilateral y estaban haciendo juicio, para seguir cobrándolo deberán desistir del mismo, aunque la explicación dada por el Anses a la hora de otorgarlo es que se trata de “una respuesta a la emergencia” dado “el prolongado tiempo que se ven obligados a litigar los adultos mayores en pos del cumplimiento de sus derechos”.

Es decir que el propio Estado reconoce que se trata de un anticipo por un derecho conculcado a los jubilados.

Y esto corre también para aquellos que no han hecho juicio, pero que, para seguir cobrando el reajuste unilateral, deberán desistir de iniciarlo a futuro y también de realizar cualquier otro reclamo al Anses vinculado con los haberes que cobra.

Esto, pese a que varios fallos judiciales del foro de la Seguridad Social han salido favorables a los jubilados que reclamaron la mantención del reajuste porque, dicen las sentencias, debe tomarse como adelanto del juicio o porque supone un reconocimiento de una deuda por parte del Anses.

La maniobra inicial del organismo previsional consistió en tratar de presionar a todos los jubilados que tenían juicios en marcha –incluso los que tenían sentencia firme- para que aceptaran la estafa de la denominada “Reparación Histórica”, consistente en pagarle a los jubilados que habían recurrido a la Justicia apenas un 10 o 15 por ciento de lo que les correspondería de acuerdo con el fallo y con un reconocimiento del retroactivo a un máximo de dos años, intimidándolos con la prolongación eterna de las sentencias y jugando con perversidad con la edad de los litigantes.

Formó parte de esta maniobra el otorgamiento de los adelantos a la franja más vulnerable de los jubilados, a los que se intentó presionar con la edad más avanzada o con su enfermedad.

Pero la maniobra les fracasó porque la inmensa mayoría de los casi 400 mil beneficiarios que tenían juicios iniciados contra el Anses no renunciaron a los mismos dado el carácter miserable de la oferta.

En cuanto a la cantidad de beneficiarios de los incrementos unilaterales, es un secreto que el Anses no devela, como tampoco da a conocer cuántos son los que aceptaron el reajuste unilateral y cuantos los que no renuncian a sus derechos para mantener ese “beneficio”. Contra estos últimos lanzó el Anses la extorsión de la fecha del próximo viernes, como plazo máximo para la aceptación.

Estas maniobras y estafas forman parte de la ofensiva más general del gobierno sobre el sistema previsional y los jubilados, que el acuerdo con el FMI ha potenciado.

Luego de la exacción de este año de casi un 10% en los haberes con el cambio en la forma de calcular los aumentos –en los primeros ocho meses de este año apenas llegaron al 11%-, ahora el gobierno prepara una ofensiva mayor que incluye el aumento de la edad jubilatoria, un nuevo cambio en la forma de cálculo de los reajustes que los aleje aún más del alza de los precios, un haber inicial que sea significativamente menor actual y un nuevo proceso de privatización de las jubilaciones.

Es un ataque a fondo a la condición de vida de los actuales y de los futuros jubilados. Por esa razón se trata una lucha común de jubilados y trabajadores activos para parar este camino a la barbarie de quienes trabajan y aportan toda su vida laboral y cuyo futuro previsional depende del resultado de esta pelea crucial, continuidad de la que dimos el pasado diciembre ante el Congreso.