El crecimiento de los robos y hechos violentos a los que están sometidos los repartidores en esta cuarentena se transformó en otro de los reclamos de este sector a nivel nacional.

En ciudades como La Plata ya se han denunciado más de 10 casos en una misma esquina que han dejado a una trabajadora herida y que han concluido con un choque seguido de muerte. En Tucumán un hecho delictivo terminó con la vida de un repartidor, Carlos Raúl Alejandro Sánchez de 31 años con dos hijos. El repartidor murió en un hospital público a las horas de haber sido trasladado. La situación llevó a que en varias ciudades los repartidores se movilicen a las diferentes gobernaciones para reclamar frente a estos hechos.

Lo que sucede en La Plata y que fue denunciado en otra nota de prensa obrera como complicidad policial y de los gobiernos con el mundo del delito organizado es una situación que se replica en cada parte del país.

 

La policía no solamente actúa como cómplice y garante de los hechos delictivos, sino que también es la encargada de hostigar y reprimir a los trabajadores de reparto desde el primer momento de la cuarentena. Por ejemplo, en la primera etapa de esta, en el barrio de Villa Crespo, la policía detuvo a un repartidor que contaba con todos los papeles necesarios para justificar su tarea decretada como esencial por el propio DNU dictado por el Presidente el 19 de Marzo pasado. Por otro lado en Córdoba fue también la policía la que reprimió una pacífica manifestación de repartidores de pocos minutos de duración y se llevó a cinco trabajadores de reparto detenidos no sin antes golpearlos, por ejercer su derecho a protestar. También es la policía de Mendoza la que a los repartidores les cobra multas irrisorias por no circular con barbijo, una de los elementos de seguridad e higiene que debería proveer la patronal pero no lo hace y es el motivo que llevó a dos paros de repartidores, uno nacional y otro internacional. Ni la policía, ni tampoco ningún gobierno, ni provinciales ni nacionales, se han ocupado de sancionar y obligar a las patronales a cumplir con sus obligaciones dejando caer en saco roto los derechos de los trabajadores.

 

Desde ATR creemos que es preciso, en la urgencia, que las patronales abonen seguros y/o alarmas tanto de robo como de ubicación, ya sea para encontrar el vehículo robado o para reponerlo en caso de no poder recuperarlo. Esto podría resolver el problema de que el costo del vehículo no recaiga sobre el bolsillo tan golpeado de los repartidores. Además de que el tiempo que demora el repartidor en reponer su vehículo sustraído son días de no poder salir a repartir, por ende días donde no hay ingreso alguno.

Por otro lado la exigencia de las ARTs a cargo de las empresas también toma mayor relevancia, teniendo en cuenta que estos hechos delictivos en muchos casos terminan con los trabajadores de reparto malheridos o incluso muertos. Es importante que haya una cobertura médica para cada repartidor tanto en caso de coronavirus como para estas situaciones que también son parte de la cotidianeidad de cada trabajador y requieren de atención médica. También seguros de vida y de defunción, ya que las empresas en los casos de las muertes tanto de Franco como de Emma no se hicieron cargo y además de las perdidas, las familias, tuvieron que afrontar los gastos fúnebres.

Es preciso que el conjunto de los repartidores discuta de forma colectiva un protocolo de acción para exigirle a las empresas y rechazar el protocolo con el que cuenta, hoy por hoy, soporte donde su preocupación central es el pedido.

Con el objetivo de un debate colectivo convocamos a la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto del día lunes 18 de mayo a las 17 h x zoom. Si crece la organización de los repartidores crece la lucha. ¡Vamos por todos nuestros derechos!



Formulario para participar de la asamblea: