El martes 22 a la mañana temprano, la Gendarmería desató la primer represión del día sobre el acampe de los trabajadores de Cresta Roja. A pesar de que la protesta se había reducido desde el día anterior a dos carriles, los jefes del operativo le comunican a los delegados que deben desalojar y comienzan a reprimir con camiones hidrantes y a palazos antes de que estos lleguen a reunir a los trabajadores a comunicar la instrucción. El jefe del operativo fue claro: “esto es por orden del presidente” La vicepresidente Michetti y el Ministro de Trabajo Triaca fueron los encargados de comunicar lo discutido en el gabinete presidencial. Michetti dijo “Si vuelven a cortar una ruta, vamos a actuar igual”. Es claro que la represión no sólo tuvo por objeto desgastar al colectivo de trabajadores de Cresta Roja que vienen peleando por sus fuentes de trabajo, si no enviar un mensaje atemorizador contra todos los trabajadores que enfrentan el ajuste, la carestía, los techos salariales.

    Al mediodía hubo un intento de negociación, realizado por los delegados respaldados por miembros de las organizaciones de izquierda presentes, entre ellos Soledad Sosa, diputada nacional del Partido Obrero y Guillermo Kane, diputado provincial bonaerense, con un representante del Ministerio de Seguridad. Mientras la reunión terminaba, fijando una reunión a la tarde en el Ministerio de Trabajo, fue detenido un manifestante, Daniel Acosta, yendo a cargar agua al aeropuerto, y a los pocos minutos comenzó una nueva represión sobre los trabajadores que acampaban al costado de la ruta, con una intensidad mayor a la de la mañana, tirando decenas y decenas de balas de goma. Los choques fueron intensos y duraron por lo menos media hora. Uno de las dos decenas de trabajadores heridos en la refriega, Guillermo Sánchez, sufrió un infarto poco tiempo después, y está internado grave en una clínica en Monte Grande.

    Esta represión es un nuevo intento de quebrar a los trabajadores de Cresta Roja que vienen rechazando los planteos de la patronal vaciadora (y de eventuales compradores) de reducir personal y salarios. A pesar de enfrentar  el fin de año sin cobros de salario (sólo cobraron en diciembre un REPRO de 4000 pesos) y del aislamiento que ha intentado imponer la burocracia de Morán del sindicato de alimentación, los trabajadores se han mantenido firmes.

A pocas horas de la represión, la movilización de miles de trabajadores congregados por el sindicalismo clasista y la izquierda en Plaza de Mayo por el bono de fin de año, añadió como bandera central la defensa del conflicto de Cresta Roja. Renglón aparte merece el grupo Convergencia Socialista, que tiene influencia sobre algunos trabajadores y había montado en su momento una lista divisionista que casi permite a la burocracia retomar el cuerpo de delegados de la planta de Echeverría. Durante el día trabajaron para frustrar la confluencia entre Cresta Roja y esta movilización del clasismo y tuvieron de conjunto una actuación nefasta, que fue repudiada por la asamblea de trabajadores.  

Quiebra

    La reunión en el Ministerio de Trabajo con los delegados dio como principal anuncio que la jueza Valeria Pérez Casado dictaminó la quiebra. Junto a esto, un paquete de alimentos para los trabajadores para pasar las fiestas y un refuerzo para el REPRO en enero. El gobierno trajo 5 camiones con alimentos para pollos que posibilitaría faenar en 45 días. Una asamblea de 1200 trabajadores espero comprobar que fuese liberado el compañero detenido y votó volver a reunirse semanalmente.

    Hay una sensación contradictoria. Los trabajadores festejan que haya caducado la patronal vaciadora y de haber obligado a un gobierno que se negaba a tomar parte en el asunto a aparecer intermediando. Al mismo tiempo la gestión macrista buscó claramente forzar la quiebra para poder marchar a un desguace de la empresa donde el colectivo obrero no pueda enfrentar en unidad el ajuste a las condiciones laborales. El gobierno habló de cuatro empresas están interesadas, entre ellas el principal monopolio de la actividad, Tres Arroyos y un grupo mexicano, otro chino y otro brasileño. Ya abrió el paraguas de que ese comprador podría a su vez vender parte de las instalaciones de la empresa. Esta perspectiva de desguace pone en peligro miles de puestos.

    Más que nunca: ningún despido, que se respete salario y antigüedad de todos los obreros, que no se toque ni un puesto de trabajo. Que el Estado adelante los salarios enteros, no al desgaste por hambre. La capacidad productiva de Rasic es necesaria para los comedores escolares y de hospitales bonaerenses, que brindan un muy deficiente servicio alimentario. Si ningún comprador quiere hacerse cargo del personal en sus condiciones actuales, que el estado se haga cargo y la producción vaya a cumplir con esa necesidad social.