La jueza ordenó la apertura de un expediente aparte para investigar la actuación de la policía en el día de los hechos. La semana pasada, la jueza y la fiscal debieron hacerse presentes en las oficinas del Departamento Central de la Federal para retirar una hora de grabaciones, nada menos que las correspondientes al espacio entre las 14 y las 15 horas del 20 de octubre, el instante inmediatamente posterior al crimen, las que hasta ahora habían sido retaceadas por las fuentes policiales. Página/12 reproduce parte de las transcripciones de las escuchas, en las queda registrada inequívocamente la orden del comando a sus agentes de “no intervenir” en el momento del ataque. Momentos antes, un cordón de infantería de la policía bonaerense apoyó con balas de goma a la patota cuando atacaba con piedras desde el terraplén a la columna de tercerizados.

Aníbal Fernández, por definición el hombre de la cana (y del Departamento de Estado yanqui) en el gabinete nacional, caratuló de “intachable” la actuación policial. El hecho es que la fiscal y la jueza debieron presentarse en la central de policía para terminar de recabar la prueba que la Federal ocultó mientras que el gabinete que preside Fernández no movió un dedo por ello, poniendo aún más de relieve su papel encubridor.

La “zona liberada” por la policía y la coacción sobre el equipo de periodistas y camarógrafos que estaban cubriendo la movilización -además de las amenazas de los patoteros, un policía de civil le advierte al equipo de C5N que se fueran del lugar “porque si no iban a resultar heridos” (Sur, 28/11)-, fueron requisito para hacer posible la emboscada. La policía estuvo involucrada desde el inicio con la planificación del ataque criminal.