El editorial del diario La Nación del pasado 11 de septiembre está dirigido a atacar los proyectos de Educación Sexual Integral laica, científica y con perspectiva de género presentados en el Congreso y legislaturas. Centra su ataque en el de mi autoría, presentado en la Legislatura bonaerense, que obtuvo en junio media sanción y tiene estado parlamentario hoy en el Senado, pasando luego a atacar el de mi compañera Romina Del Plá en el Congreso Nacional -que fue tratado en un plenario de comisiones la semana pasada-, preparando su tratamiento en la Cámara de Diputados nacional. Toman nota también de que hemos impulsado proyectos similares en una decena de provincias del país.

Injerencia clerical

Esta nota, al igual que una columna de opinión de la semana pasada en Infobae por un vocero del lobby pro-vida llamado Jorge Aquino, que se ocupa de nuestro proyecto, parte de la idea de que afectar el control de las iglesias sobre la educación, en este caso la educación sexual, violentaría el derecho de “educar a sus hijos sobre sus propias convicciones”. El editorialista de La Nación pide que se integre a los ámbitos de discusión de la currícula de educación sexual a “guías espirituales de los cultos que correspondan”. Evidentemente, se pretende confundir la defensa de la indiscutible libertad personal de culto y de opinión con el lugar privilegiado que la Iglesia, en particular la católica, tiene en privilegios de financiamiento estatal, de lobby sobre los contenidos educativos del conjunto del sistema, de la subvención y la total falta de controles a las instituciones educativas bajo su órbita. Bajo la excusa de la libertad de culto se quiere defender la apropiación privada de funciones públicas como la educación que, incluso cuando tiene gestión privada o religiosa, según las leyes sigue teniendo que estar bajo control estatal en cuanto a su funcionamiento y contenidos. Las imágenes de la violencia y los abusos a los que fueron sometidos los pupilos del Instituto Próvolo muestran la completa falta de controles de la educación religiosa que los editorialistas de La Nación defienden como garantía de pluralismo de opinión y diversidad. La libertad religiosa no tiene nada que ver con garantizar la dictadura de los curas puertas adentro de las instituciones educativas.

Se repite en el editorial, como en todas las manifestaciones de la campaña “con mis hijos no” que ha seguido el mismo colectivo clerical y reaccionario de las marchas celestes “pro-vida”, que tener una educación sexual a lo largo de todo el recorrido educativo, que incluya en sus contenidos el aprendizaje sobre la existencia y la aceptación de la diversidad sexual sería una especie de promoción forzada de la homosexualidad sobre los niños. En ese sentido dice que nuestro proyecto de ESI viola “la ley natural” y que “los denominados ‘nuevos colectivos’ no pueden imponerse violentando a aquellos miembros de la sociedad que no los acepta como modelos de sus hijos”. Se pretende confundir el combate sobre la promoción de la integración de toda identidad sexual con una delirante “conversión” de los niños, que sólo existe en sus retrógradas cabezas y perpetúa un peligrosísimo estereotipo homofóbico que equipara homosexualidad con pedofilia. Si de combatir pedofilia o forzar las voluntades de niños y jóvenes se tratara, tendríamos que escuchar a todos estos elementos pidiendo que se saque de las manos de los curas la educación y no que se refuerce su control.

Nuestro proyecto en el Congreso Nacional plantea la anulación del artículo 5º de la ley nacional de ESI de 2006, que plantea “la adaptación a las propuestas de su realidad sociocultural, en el contexto de su ideario institucional y las convicciones de sus miembros”. El lobby clerical le había arrancado en su momento a la mayoría kirchnerista del Congreso esta concesión que ha vuelto profundamente dispar la aplicación de la ley. El editorialista encuentra esta disposición “razonable, prudente y respetuosa”. Aunque no se hace cargo de relacionar el carácter prácticamente optativo del dictado de la ESI, como queda expresado en la ley, con el carácter absolutamente deficiente del dictado de ESI al que dio lugar, del que debe admitir que “a 12 años de aquella sanción (…) el programa se encuentra desarticulado”, que las experiencias son completamente heterogéneas, y que padres, docentes y alumnos reclaman que se efectivice el dictado y no se restrinja a una interpretación biologicista de profilaxis y reproducción. Mientras tanto, según el informe del año pasado de Amnistía Internacional, en la Argentina cada tres horas queda embarazada una chica de entre 10 y 19 años. No podemos pensar que el editorialista no entienda la relación entre esta disposición y el fracaso de la ESI, sólo simula no entender.

Marea verde

Quizá lo más grave de todo es que el editorialista mitrista se horrorice con que nuestro proyecto proponga poner el ESI en función de terminar con la “opresión, explotación y violencia entre las personas”, diciendo que esto equivale a adoctrinamiento ideológico. ¿No sabe La Nación que cada 30 horas hay un femicidio en la Argentina? ¿No sabe que tener un espacio para que se hable de estos temas permite detectar y denunciar casos de abuso infantil, que muchas veces tienen expresión en el ámbito escolar? ¿Pueden ignorar la discriminación que sufren las minorías sexuales, que incluye desde violencia y asesinatos contra ellos a la dificultad de acceder a trabajos estables y bien remunerados? En el país donde millones de mujeres han salido a la calle a exigir #NiUnaMenos, negar que debemos enfrentar la opresión, explotación y violencia hacia mujeres y minorías sexuales en la sociedad es un acto de convalidar esa brutalidad. La educación puede y debe ser un espacio para terminar con los “sentidos comunes” y prejuicios que son un terreno para la reproducción de conductas violentas, que una amplia mayoría de nuestra sociedad quiere desterrar de manera permanente.

Los proyectos del Frente de Izquierda son la expresión de una marea verde que ha reclamado, en todo el país, educación sexual para decidir, junto a aborto legal para no morir. El grito tomó fuerza entre docentes, pibas, pibes, en los colegios públicos, privados o religiosos de todo el país y fue muy extendido en la provincia de Buenos Aires. El rechazo de los senadores de los partidos patronales que votaron el mandato de la Iglesia contra el derecho a decidir de las mujeres ha envalentonado de vuelta a los lobbys eclesiásticos. Ha sonado la alarma en defensa de viejos privilegios y cotos cerrados en la educación. Tiene la palabra el movimiento estudiantil, la docencia, la comunidad educativa toda, el enorme movimiento de mujeres. Salgamos a hacernos escuchar para que avancen y se aprueben los proyectos que plantean hacer efectiva una ESI laica, científica y con perspectiva de género.