El gobierno menemista de la provincia ha lanzado un plan de guerra contra los trabajadores, para poder rescatar al puñado de capitalistas y especuladores golpeados por el “efecto tequi­la*1. A través de dos decretazos resolvió un impuesto a produc­tos básicos —una especie de IVA provincial—, que se des­carga en su totalidad sobre los consumidores, y el recorte del presupuesto provincial en 100 millones de pesos, en particular de educación y salud públicas. Ha dispuesto además, en la pri­mera etapa de la reforma previsional”, el aumento de los aportes de los trabajadores del 13 al 14%.

La lista de medidas tomadas en favor de los capitalistas, en cambio, “no ten fim”:

-se aceleró la licitación de Obras Sanitarias de la provin­cia y el proceso de privatización de Energía;

-a partir del Io de enero de 1995, rige la desgravación del impuesto sobre los ingresos brutos a la industria, al agro y al tambo. Ya habían sido dero­gados los impuestos a la ener­gía, al gas y de sellos, y reba­jado el de automotores a todos estos sectores;

-la “privatización” del Banco Provincia, que el gobier­no se ha juramentado concre­tar en este año;

– ha salido también a endeu­darse en el mercado financiero y ha sido socorrido por el duhaldismo con subsidios bajo cuerda. El saqueo y vaciamien­to del Banco Provincia es total y absoluto,

A pesar de esta situación, la burocracia sindical de los gremios estatales (la Intergremial de menemistas, radicales y frentegrandistas) dejó sin efecto el último paro por aumento de salarios, con todos los reclamos pendientes y luego de pactar con el gobierno la reforma jubilatoria que des­truye el 82% y eleva la edad para el retiro. Tanto entreguismo ha abierto una crisis: AMSAFE (UCR) ha salido a cuestionar el aumento del aporte provisional y el conge­lamiento salarial mientras UPCN (Maguid) sigue plan­teando “asumir los costos políticos en la férrea defen­sa de la actual transforma­ción que plantea este go­bierno nacional” (La Capi­tal, 2/1/95).

El PO plantea asambleas y reuniones para organizar un paro activo por la anulación de los decretazos, por el retiro de la reforma previsional y la de­fensa de todas las conquistas jubilatorias; por el rechazo de las privatizaciones, y por un aumento de emergencia de 250 pesos y la estabilidad la­boral.