El 8 de julio se cumplieron siete años del día en que la Corte Suprema condenó al Estado nacional, y a las jurisdicciones provinciales y municipales, a sanear el Riachuelo y su cuenca. Desde entonces, un juez federal fue separado del caso por un escándalo de corrupción, algunas familias fueron relocalizadas en viviendas sin gas, luz, agua o cloacas, hubo una extensión desigual de red de agua y cloacas y (eso sí) tenemos un nuevo paseo ribereño al costado del río.

 

Recientemente, la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo Colegiado de la causa publicaron un detallado informe señalando que “persisten falencias que impiden el adecuado logro de los objetivos”, lo que “torna incierto el progreso de la causa”, por lo que requiere una nueva intervención del máximo tribunal.

 

El organismo creado para cumplir la tarea de saneamiento, la Acumar (integrado por los tres estamentos gubernamentales), tiene más de 400 empleados y un presupuesto anual de unos 250 millones. Sin embargo, el informe señala que su intervención en 18 de los 19 ejes de acción es “limitada” o “nula”. No interviene en evaluaciones de impacto ambiental, no controla los vertidos cloacales ni las emisiones gaseosas y reguló “con serias falencias” el vertido de líquidos contaminantes.

 

Se han destinado importantes desembolsos de dinero a la limpieza de la basura flotante del río, y con ello han mejorado su aspecto, pero la mejora en la calidad del agua es “mínima”. Sus variaciones de calidad bien podrían vincularse, más que a los controles, a los momentos de mayor o menor producción, ya que aunque se realizan inspecciones a las industrias, no se han modificado las normas que permiten verter al agua cromo, plomo, mercurio y otras sustancias. En el Polo Petroquímico de Dock Sud “no se logró reconvertir a los 15 agentes contaminantes declarados dentro del puerto”. Con una refinería y varios depósitos de químicos en un área urbana a 15 minutos del centro de la ciudad, cualquier accidente podría ser una catástrofe.

 

La planta de (pre)tratamiento cloacal de Berazategui (Aysa), inaugurada recientemente, recibe sólo una parte de los cloacales de la cuenca, dado que la obra de cañerías más importante sigue postergada. Los desechos llegan prácticamente crudos al Río de la Plata y la situación de este cuerpo de agua es cada vez más crítica. Por otra parte, los planes de extensión de la red de agua y cloacas tampoco incluyen a las villas y asentamientos.

 

Los vecinos del barrio en el que el conflicto tuvo origen, Villa Inflamable (Avellaneda), no sólo no han visto mejorar su calidad de vida sino que han sido ilegalmente expropiados de sus tierras y viviendas para ser trasladados a una zona “liberada” por las fuerzas de seguridad en sociedad con estructuras delictivas (los vecinos de los barrios linderos vienen denunciando esta situación, y en otros casos, las familias regresaron a sus barrios de origen por problemas similares). Los estudios de salud de los niños de Villa Inflamable son más que preocupantes: la mitad de ellos tiene altos niveles de plomo en sangre y dificultades de desarrollo psicomotor. Desde que esto se supo, en 2012, ni la Acumar ni la Municipalidad han puesto un ladrillo para mejorar las viviendas. El agua potable sólo llegó luego de un piquete de varios días.

 

Macri, Scioli y CFK han beneficiado al sector empresario, al que responden.

 

El problema del saneamiento ambiental no es de tiempo, sino de orientación social.