Políticas

10/3/2016|1402

Río Luján: fiscal federal pide paralizar obras de countries

Hace unos días se conoció la noticia de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le solicitó a la jueza Arroyo Salgado que disponga una medida cautelar para frenar todas las obras que se estén realizando o estén próximas a comenzar en countries y barrios cerrados de la ribera del río Luján y el Delta del Paraná


Hace unos días se conoció la noticia de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le solicitó a la jueza Arroyo Salgado que disponga una medida cautelar para frenar todas las obras que se estén realizando o estén próximas a comenzar en countries y barrios cerrados de la ribera del río Luján y el Delta del Paraná. El funcionario argumenta “que la proliferación de construcciones en esas zonas provoca inundaciones” (El Civismo, 29/2).


Según informó el sitio fiscales.gob.ar, la causa se inició en abril de 2012 por una denuncia que alertaba sobre los peligros de esas obras para el medio ambiente. El expediente se fue ampliando a raíz de las inundaciones de octubre de 2014 y agosto de 2015, que produjeron varias muertes, miles de evacuados, cortes de rutas y caminos, así como grandes pérdidas materiales (ídem).


El solo hecho de que un funcionario judicial reconozca la gravedad del asunto es un reconocimiento a la denodada lucha que desde hace años vienen desarrollando las organizaciones ambientales, de inundados y politicas, incluido el Partido Obrero. Las permanentes denuncias que realizamos sobre las alteraciones al curso del río Luján que realizan los megaemprendimientos inmobiliarios, son las principales causales de las inundaciones ya que acaparan los márgenes inundables y los humedales. Esto dificulta el escurrimiento rápido e inundan las zonas más bajas (barriadas obreras). Esta definición “científica” es por la tarea de investigación de las organizaciones ambientales, cuando debería hacerlo el comité de cuenca, una cáscara vacía.


Aquí lo que prima no es una desgracia de la naturaleza, sino una clara orientación social que privilegia al capital inmobiliario, de la que dan el visto bueno todas las intendencias de la región, sean kirchneristas, macristas o massistas y del gobierno provincial.


Hay que agregar, también, que hace más de un mes la provincia de Buenos Aires anuló el Código de Ordenamiento Urbano de Luján, aprobado a mitad del año pasado en una sesión a las apuradas para cerrar negociados urgentes que tenían en carpeta. El COU, que había sido frenado en 2013 por la movilizacion popular, fue aprobado luego de hacerle algunos retoques por parte de la gestión del PRO y el “consenso” de la oposición K y del Frente Renovador. Probablemente, la provincia haya hecho este recule para volver a la carga luego con otras modificaciones que plazca sus intereses.


El Partido Obrero de Luján plantea la necesidad de exigir (mediante un plan de acción y movilización) que se dicte la cautelar, velar por su cumplimiento efectivo y promover asambleas vecinales de los distritos de la región, que se organicen por un plan de urbanizacion a la medida de los intereses de las mayorías trabajadoras (obras hídricas, traslado de viviendas de zonas inundables, plan de viviendas y de espacios verdes, etc.).