A 14 meses de los asesinatos en el Alto barilochense a manos de la policía de Río Negro, las causas de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas están estancadas. Tanto los responsables materiales como ideológicos siguen en libertad.

Luego de incesantes marchas y protestas encabezadas por los familiares de las víctimas, se logró condenar al cabo Sergio Colombil a 20 de años de prisión. Pero aún nada concreto se sabe de las otras dos causas, en las cuales no se ha identificado ni siquiera a los policías que dispararon.

La masacre del Alto no es distinta a otras similares a lo largo y ancho del país, recordemos el caso del asesinato de maestro Carlos Fuentealba donde fue condenado sólo el autor el material. La Justicia siempre condena a los “perejiles” pero deja intactas las líneas directas de responsabilidad que encabezan funcionarios y cúpula policial.

Bariloche necesita justicia, los hechos del 17 y 18 de junio pasados fueron la reacción de una juventud trabajadora, harta de las sistemáticas vejaciones que padecen por parte de esta policía que maneja el trafico de drogas, la trata de personas o la pedofilia. En Bariloche, el Estado y su gestión patronal priorizan el beneficio de un puñado de empresarios que son los que manejan el destino de toda la población. Un claro ejemplo de esto son las políticas implementadas frente a la crisis generada por la la ceniza del volcán Puyehue, donde se benefició ampliamente al empresariado pero no se garantiza el trabajo para las populosas barriadas. Ante todo, priorizan “la postal” de aldea de cuento, donde la injusticia y los problemas no existen. Los garantes de esta farsa son las fuerzas de seguridad, que poseen carta blanca para golpear, reprimir y matar a nuestros jóvenes por el solo delito de ser jóvenes y manifestarse en contra de esta situación. Por eso, no nos extraña que la Justicia no castigue los casos de gatillo fácil. Frente a los asesinatos, el gobierno provincial, de tinte K, no ha removido a ninguno de los responsables de esta masacre. Tanto Larreguy (ministro de Gobierno), como Cufré (secretario de “seguridad”), son reivindicados por el gobierno radical. La “oposición” de los Pichetto es incapaz de delimitarse de este gobierno represivo.

Por todo esto tanto los familiares de las víctimas como el Partido Obrero y el Frente de Izquierda seguiremos exigiendo:

Cárcel común y efectiva a todos los responsables materiales e ideológicos de los asesinatos de Diego Bonefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás carrasco.

Procesamiento de Diego Larreguy y Víctor Cufre, máximos responsables de los asesinatos.

Juicio político al gobernador Miguel Saiz.