El viernes 22, más de 7.000 trabajadores estatales, jubilados y estudiantes se adueñaron de la ciudad de Viedma, capital provincial, de la que habían desaparecido todos los símbolos del poder del Estado: el gobernador en ejercicio –Massaccesi– y el electo –Verani– habían huido a Buenos Aires; los legisladores se esfumaron y la propia policía se limitó a observar cómo los manifestantes descargaban su furia contra esos símbolos del poder del Estado. El vacío de poder no podía ser más evidente.

Esa misma noche –también en Viedma– hubo una muy numerosa manifestación de trabajadores del Banco Provincial –en paro por tiempo indefinido– contra la privatización del banco.

Las manifestaciones de Viedma se reprodujeron en todo el interior de la provincia, incluso en las más pequeñas o alejadas, como General Conesa y Bariloche. En Conesa, los trabajadores municipales tienen ocupado el Concejo Deliberante; en Bariloche, los manifestantes forzaron al Concejo Deliberante a reunirse y a rechazar por anticipado –en una sesión en la que también intervinieron los trabajadores– cualquier “plan de ajuste” que dicte el gobierno provincial.

La rebelión popular impidió el tratamiento legislativo de los tres proyectos que han despertado el odio de los rionegrinos: el “paquetazo” contra los estatales, los jubilados y la educación y la salud pública; la privatización del Banco provincial, y la nominación de Massaccesi como senador nacional. Los sindicatos de trabajadores estatales ya anunciaron que ante el menor intento de tratar estas leyes volverán a ocupar Viedma. La movilización popular está ejerciendo un verdadero “derecho de veto” sobre los poderes del Estado.

“Paquetazo”

Río Negro endeudada en más de 500 millones de dólares; con varios meses de atraso en los salarios y haberes jubilatorios; con los aguinaldos impagos; con la obra social provincial –que cubre la salud de los trabajadores estatales– en quiebra; con la salud y la educación pública colapsadas; con los fondos de la coparticipación embargados por los acreedores financieros y los recursos propios reducidos verticalmente por la recesión; con el banco quebrado y “chupando” los pocos recursos provinciales existentes. El “plan de equilibrio fiscal” que “consensuaron” Massaccesi y el electo Verani, pretende hacer pagar esta enorme “factura” a los explotados.

El “paquetazo” de Massaccesi-Verani es brutal: reducción de los salarios estatales en hasta un 40% (por la eliminación del “plus por zona desfavorable”); desconocimiento de todos los estatutos y convenios; eliminación de todos los contratos; pago del 25% de los salarios y de las deudas salariales (incluido el aguinaldo) en bonos; eliminación de los ascensos y aumentos por antigüedad; desvío de las partidas presupuestarias con destino específico (educación, salud, vialidad, construcción de viviendas) a “rentas generales”, es decir, al pago de los banqueros acreedores. Acertadamente, un diputado provincial calificó a este “paquetazo” como “una intervención encubierta” (Alejandro Gatica, en Río Negro, 21/9), porque significa la aplicación, lisa y llana, del “programa” que Cavallo viene reclamando para las provincias.

El “problema” con el “paquete” no es, claro, dibujarlo sobre un papel sino aplicarlo a los trabajadores. Massaccesi carece del mínimo poder para hacerlo. El PJ reclama abiertamente “una salida a la cordobesa”, es decir, la renuncia anticipada de Massaccesi … a lo que se opone el supuesto “beneficiario”: Verani se niega a asumir anticipadamente y aplicar un “paquetazo” que puede “mancar” a su gobierno desde el primer día. El inmovilismo de las “cumbres” rionegrinas es total.

Privatización del banco

Para acceder al financiamiento del Fondo Fiduciario organizado por el Banco Mundial y el FMI, Massaccesi capituló ante el principal reclamo de Cavallo: la privatización del Banco provincial. El proyecto privatizador, sin embargo, no fue lo suficientemente “atractivo” para los eventuales “compradores” –casualmente, sus principales acreedores –Banco de Galicia, Mildesa, Almafuerte, asociados con empresarios rionegrinos.

A pedido de estos “potenciales compradores”, Massaccesi mandó a la legislatura un nuevo proyecto privatizador, que establece que la provincia garantizará con sus propios fondos la cartera de préstamos del banco (la mayoría incobrables) y que liquida el más mínimo resguardo para sus trabajadores, que podrán ser despedidos o sometidos al régimen de trabajo y de salarios (reducciones) que los privatizadores deseen. Se liquida, incluso, la obligación de mantener el número y localización de las sucursales, lo que llevará al cierre de las filiales de las ciudades más pequeñas.

Los bancarios del Río Negro se han declarado en paro por tiempo indeterminado contra esta barbarie que revienta los derechos de los trabajadores y hundirá las finanzas provinciales en beneficio de un puñado de chupasangres financieros.

Massaccesi senador

El reclamo que llevó a las calles a miles de trabajadores es “¡que se vayan!”. Las cámaras de comercio (patronales) de toda la provincia se pronunciaron contra la designación de Massaccesi como senador, lo mismo que la jerarquía eclesiástica. Con una UCR “libanizada” –según la expresión del vicegobernador Gagliardi (Río Negro, 23/9), ¿alcanza con la simple voluntad de Massaccesi de escapar a los tribunales, para que el gobernador virtualmente fugado de la provincia sea designado como senador nacional? Ciertamente no.

Detrás de la enconada apetencia de Massaccesi por apropiarse de la senaduría nacional por Río Negro –y de sus salvadores fueros parlamentarios– asoma la crisis política del gobierno menemista. “A Menem –informa el Río Negro (17/9)– no le disgusta un Massaccesi senador. Podrá estar encuadrado en el radicalismo pero es un ‘amigo’ … ¿acaso hombres de fuste del propio radicalismo no fueron informados que el gobernador suele deslizar que –de llegar al Senado– no descarta armar un bloque aparte del radicalismo para no verse encorsetado por un partido sin destino?”.

Para “sostener” su candidatura senatorial, Menem ordenó a Duhalde, a mediados de setiembre, que otorgara –a través de un préstamo del Banco de la Provincia de Buenos Aires– un auxilio especial a Massaccesi de 16 millones, para “descomprimir” la situación. El origen de los fondos –que el gobierno rionegrino intentó mantener en secreto– desató una crisis en el justicialismo provincial, “que se siente tan lejos del amor del presidente” (ídem). Pero, por sobre todo, agudizó la crisis con Cavallo, “que en términos enfáticos descolgó hace un tiempo: ‘No conviene que los bancos sigan otorgando préstamos para aliviar déficits provinciales. Lo más sano es canalizarlos cuando ellas comiencen el ajuste’” (ídem). “‘Nos están puenteando’,  repetían y repetían en el Ministerio de Economía” (ídem). En el mismo momento en que la prensa registraba las fotos de las “paces” que habrían firmado Cavallo, Duhalde y Bauzá, el préstamo de Duhalde-Menem a Massaccesi revela la existencia de un virtual “ministerio de economía” paralelo …

Que hablen los trabajadores

Las manifestaciones de masas de los estatales, jubilados y estudiantes, las huelgas y las ocupaciones de edificios públicos pueden romper el bloqueo político impuesto por un gobierno provincial acabado, otro en crisis antes de nacer y un gobierno nacional paralizado por su propia crisis, para imponer las reivindicaciones populares.

Ni un solo despido; no a la reducción de salarios; no a la destrucción de la salud y la educación públicas; no a la entrega de los recursos provinciales a los saqueadores financieros; ninguna privatización. Impuestos al gran capital y expropiación de los grupos capitalistas que vaciaron la provincia; control obrero de las finanzas públicas.

El reclamo que unifica todas las reivindicaciones populares es “que la crisis la paguen ellos”, los que la provocaron y los que se beneficiaron con ella; la consigna de la apertura de los libros del banco, de la provincia y de los principales grupos capitalistas a la investigación de los trabajadores al oponer a los explotados –sin distinciones de gremio o de situación (jubilados, desocupados)– a los explotadores y vaciadores, es el punto de partida de una política anticapitalista, la única que puede evitar que los capitalistas descarguen el peso de la crisis sobre los trabajadores.