El gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley a la Legislatura provincial para que los estatales paguen Impuesto a las Ganancias (al salario), y que tendría vigencia retroactiva a enero del 2019. Esto para acoplarse al Pacto Fiscal firmado entre el gobierno provincial y el nacional en noviembre del 2017.

La vigencia retroactiva de la ley, además de ilegal, supondría una gran confiscación al salario de los trabajadores estatales.

El proyecto, que ya ingresó para su tratamiento en la legislatura local, tiene como eje eliminar tratamientos diferenciales para la Patagonia, que se habían conquistado con históricas luchas de los trabajadores, quienes tienen un costo de vida sustancialmente superior al de la media nacional y, por lo tanto, salarios más altos.

En lo inmediato, la propuesta presentada por Weretilneck tiene el objetivo de ampliar la recaudación del Estado provincial a través del cobro del impuesto al salario de los empleados públicos, pero abriría la puerta para que, en una segunda etapa, se avance también sobre los salarios de los trabajadores privados.

Este ataque contra la clase obrera, que ahora intenta perpetrar Weretilneck es la forma de compensar la baja progresiva de ítems como el impuesto a los Ingresos Brutos a la que se comprometió la mayoría de los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional en el mencionado Pacto Fiscal, en un claro beneficio a las patronales y en detrimento de la recaudación del Estado, que ahora intenta recuperarse con este ataque antiobrero.

En una legislatura con mayoría oficialista, que opera y sesiona a favor de los negociados del gran capital, sin poner en debate los verdaderos problemas que sufre la clase obrera y los demás sectores populares, el proyecto estaría aprobándose sobre el final de esta semana.

El papel del justicialismo ha sido central para mantener la gobernabilidad de Weretilneck y, sobre este tema, ha optado por guardar silencio, lo que muestra el acuerdo antiobrero y antipopular de los partidos patronales. 

El proyecto ha cosechado el repudio de algunos sindicatos, pero ninguno plantea poner en pie un plan de lucha que haga retroceder al gobierno provincial. Es que, la inmensa mayoría de sindicatos de la provincia ha abandonado toda perspectiva de luchas y se acopla al Estado capitalista, a cambio de puestos políticos.

Las burocracias sindicales conducen a los trabajadores a un callejón sin salida, con el llamado a esperar a las elecciones de octubre.

Las de ATE, Uatre (trabajadores rurales) y SOEFRYN (Obreros y Empacadores de Fruta), entre otras direcciones sindicales burocráticas, le han hecho la campaña provincial a Juntos Somos Río Negro –el partido de Weretilneck- mostrando su estrecha vinculación con el Estado. La necesidad de iniciar un gran debate en el movimiento obrero local es de primer orden, ya que este nuevo ataque se suma a la licuación de los salarios vía inflación y las paritarias a la baja, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de fábricas.

El activismo debe impulsar la realización de un congreso del movimiento obrero provincial que organice un plan de lucha, que comience con un paro activo de 36 horas para derrotar a Macri, los gobernadores y el FMI en la calle, y para que la crisis la paguen los capitalistas y no la clase obrera.