El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ha impulsado por decreto el llamado “libro blanco” de la fruticultura que tiene el objetivo de enfrentar lo que sería una “crisis estructural” en el sector.

En sus considerandos, el decreto sostiene que la actividad experimenta una caída sostenida de la producción de peras y manzanas en los últimos años y la pérdida de 8100 puestos de trabajo entre 2010 y 2015, así como el cierre de plantas de empaque, con impacto “en toda la cadena de valor, incluido servicios y comercio en general”.

Para superarlo, el decreto postula (entre muchos otros puntos) el desarrollo de inversiones en tecnología con el propósito de bajar los costos y acortar la brecha de competitividad con otros países como Chile, Sudáfrica, Italia o Alemania.

Un punto fundamental del decreto, sin embargo, viene escondido en el llamado “libro blanco de la fruticultura”, un anexo que integra el decreto y propone un plan de compromisos donde “los distintos sindicatos que participan de la organización del mercado regional de frutas se comprometen en apoyar una propuesta de normativa sobre adecuación de puestos laborales con mayor movilidad o polifuncionalidad”. Es decir, una precarización mayor en una de las actividades donde es más intensa la explotación de los trabajadores. Incluso se plantea exigir a éstos que, en caso de enfermedad, no sólo deberán presentar el certificado médico para dispensarse de sus tareas sino también una historia clínica, o sea que introducen un obstáculo adicional con el objeto de forzar a los trabajadores a asistir a sus labores enfermos.

Si no fuera porque el borrador del proyecto tiene varios años, uno diría que el capítulo se inspiró en la reforma laboral del macrismo.

El planteo de Weretilneck, sin embargo, fue recibido fríamente por los grupos empresarios, cuyos reclamos se concentran en mayores subsidios, ventajas impositivas y en una queja por el retraso del tipo de cambio. Carlos Zanardi, un dirigente de la Cámara de Productores de Fernández Oro, calculó que “el dólar debería estar a 32 pesos, pero como eso no es posible, debería existir uno fluctuante, especial, para las exportaciones” (ADN Río Negro, 20/7/17). Otros reclaman que el dólar debería estar por lo menos a 24 pesos (ídem, 17/1). Weretilneck retruca que pese a la fuerte devaluación de los últimos dos años la fruticultura no habría recuperado competitividad.

A su vez, entre los pequeños y medianos productores el plan es visto con recelo porque la imposibilidad de enfrentar las inversiones que éste demanda redundaría en quiebras y una mayor concentración del sector.

Más allá de estas diferencias, hay una coincidencia en la ofensiva sobre los trabajadores. Los cierres de plantas de empaque por parte de Expofrut y Moño Azul han dejado centenares de obreros en las calles en el último tiempo. Zetone debe hasta 43 mil pesos a sus obreros en concepto de salarios atrasados, lo que derivó en una toma de las plantas por parte de sus trabajadores a mediados de enero (Río Negro, 17/1).

Las conducciones sindicales son cómplices de esta situación al dejar pasar los despidos masivos y el avance sobre las condiciones de trabajo. El Sindicato de la Fruta, dirigido aún por Rubén López (condenado por abuso, aunque se salvó de la cárcel), viene a su vez de suscribir una nueva paritaria a la baja que deja el sueldo de los trabajadores debajo de la canasta familiar.

Rechazamos el ataque del gobierno provincial y las patronales sobre los trabajadores. Planteamos la prohibición de los despidos en el sector, la apertura de los libros de las empresas, el salario equivalente a la canasta familiar y el rechazo a las nuevas tentativas de flexibilización laboral.