La jueza Crotto en la Capital Federal, acaba de dictar la prisión preventiva del dueño del local Cromañón, y ha producido la inhibición de bienes sobre el jefe de Gobierno Ibarra y sobre otras personas como presuntos responsables de la masacre de casi 200 jóvenes el 30 de diciembre pasado.

 

El encuadre legal ha sido considerar las muertes de Cromañón como “asesinatos con dolo eventual”, vale decir que quienes debían garantizar condiciones básicas de seguridad en el boliche, al no haberlas garantizado, son culpables de esas muertes , ya que si los responsables del local y de la inspección y habilitación legal del mismo hubieran hecho lo que debían, la masacre se habría evitado.

 

La jueza Crotto, al igual que el juez de Río Gallegos, pertenecen al fuero federal, y deben aplicar los mismos códigos y los mismos procedimientos, ante similares delitos, y sin embargo… ¡ Qué distinta es la situación de la causa por los 14 mineros de Río Turbio !… Los únicos procesados son un par de compañeros de trabajo.

 

¿No hubo “asesinato con dolo eventual” también en Río Turbio?

 

¿No ha quedado perfectamente claro que la masacre de los compañeros de la mina se podría haber evitado con algunas medidas de seguridad básicas?

 

¿No son acaso Loncaric, Arnold y Taselli, los equivalentes de Chabán, para el caso de la mina?

 

¿No son acaso Cameron, Lorenzo Hernández y los subsecretarios de Trabajo, los equivalentes a los funcionarios ya renunciados en Capital Federal?

 

¿No son acaso las autoridades provinciales y el propio Presidente los equivalentes a Ibarra, por su responsabilidad política y falta de control en la seguridad de la mina?

 

Río Turbio es Cromañón y Cromañón es Río Turbio. Cada vida humana vale más que todos los funcionarios juntos.

 

Es indudable que la rebelión desatada en Buenos Aires por el incendio del boliche, ha abierto una profunda crisis política, que hace tambalear al Gobierno de la Ciudad y presiona a la Justicia.

 

En cambio, en Santa Cruz, el poder se las ha arreglado hasta ahora para eludir sus propias responsabilidades y el juez aparece sometido a estas presiones.

 

Las masivas movilizaciones en Buenos Aires nos marcan un ejemplo a seguir, para que los trabajadores y la ciudadanía de Santa Cruz nos comprometamos con el reclamo de juicio y castigo a los culpables de la masacre del 14 de junio en Río Turbio.

 

Esta lucha va íntimamente ligada a todos los reclamos sociales y laborales pendientes, en primer lugar la exigencia de libertad y desprocesamiento a los trabajadores presos y perseguidos de la zona norte.

 

El régimen capitalista y sus personeros no se van a enjuiciar a sí mismos, por eso la lucha por justicia nos plantea la necesidad de una alternativa política obrera y socialista.

 

 

(Esta nota fue publicada como columna de opinión en la página 2 del diario Opinión Austral de Río Gallegos, el 3 de febrero.)