12/09/2002 | 771

Rodríguez Saá o «la gran Menem»

El primer lugar que el puntano Rodríguez Saá ocupa en las encuestas es por ahora completamente irrelevante, porque no pasa de una intención de voto del 12% y porque en todas ellas un 50% rechaza a la totalidad de los postulantes y aprueba a aquellos que denuncian, al menos de palabra, el plan electoral del gobierno. Lo que no es irrelevante es la necesidad de una adecuada caracterización de Rodríguez Saá, por la simple razón de que pretende encarnar el regreso «a las fuentes» del peronismo. Con esa bandera ha juntado a su alrededor a Rico, a Moyano y a Piumato, y parece haber conseguido la adhesión de Melchor Posse, el puntero «nacional y popular» de la Ucr. La dinastía de los Posse se ha caracterizado por la represión a las asambleas populares de San Isidro, lo mismo que ha hecho toda su vida Rodríguez Saá en San Luis.


 


Hijo de Menem


Algún periodista calificó acertadamente la candidatura de Rodríguez Saá como «la gran Menem», en alusión a que éste subió con una campaña que proclamaba salariazos y la entrega de sangre por Malvinas, para enseguida gobernar con Bunge & Born y Alsogaray. El recuerdo todavía fresco del menemismo impone un límite a los alcances de la demagogia de Rodríguez Saá entre la masa del pueblo; la historia no se repite del mismo modo. El puntano fue, por otra parte, un auténtico menemista y el único que, bajo Menem, logró imponer la privatización de la educación, enfrentando duramente a los docentes, con las «escuelas charter» – una copia del modelo que Bush quiere establecer en Estados Unidos. Este sistema reemplaza el presupuesto de educación por una asignación por alumno, el cual se encarga de elegir la escuela a la que destinará el dinero. La «escuela charter» supone, además, un «control de costos» que impone el congelamiento de los salarios y la flexibilidad laboral de los docentes.


Más allá de la pretensión de emular la maniobra de Menem en 1989, Rodríguez Saá representa, sin embargo, definidos intereses de la clase capitalista y del propio imperialismo. Con relación a la crisis revolucionaria presente, Rodríguez Saá encarna la tendencia a imponer un árbitro que se imponga a las clases en conflicto y reestablezca la «paz social». No es casual, por eso, que cace todo lo que pueda atrapar con su red. Menos lo es, todavía, su planteo de establecer la caducidad de los mandatos legislativos en el caso de salir electo presidente, lo cual le permitiría aprovechar una victoria electoral para alinear detrás suyo al Congreso y las provincias. Esta tendencia bonapartista anima el caudillismo y el aventurerismo que caracterizan su campaña política.


Esta tendencia bonapartista se apoya en intereses capitalistas muy concretos. Aunque denuncia que fue derrocado por la camarilla peronista y alfonsinista de la provincia de Buenos Aires por oponerse a la devaluación y a la pesificación, el planteo de Rodríguez Saá en sus siete días de gobierno no fueron otra cosa que eso mismo, aunque bajo formas diferentes. La emisión del «argentino» – una moneda con la que se pagarían los salarios, y los ingresos y gastos de la administración pública – , prevista inicialmente en cinco mil millones de pesos, no significaba otra cosa que establecer una moneda inflacionaria para los salarios, que tendría el mismo efecto de la devaluación con relación al llamado «costo laboral» de las empresas y que le permitiría al Estado, como ocurre ahora, aumentar su recaudación en «argentinos» gracias al aumento de los precios en la nueva moneda. Con esta política se incrementaría la tasa de ganancia del capital y se acumularía un superávit fiscal para pagar la deuda externa. Para los créditos y las deudas seguía en pie la convertibilidad, preservando de este modo el capital de los bancos y, por sobre todo, el valor de los títulos de deuda pública en poder de ellos. Las empresas de servicios seguirían cobrando las tarifas en pesos-dólar, porque la introducción del «argentino» debía tener un carácter gradual. Para los capitalistas deudores de los bancos, el esquema suponía que la desvalorización de los salarios y una política de subsidios resolvería el problema. Como esto no fue considerado suficiente, los capitalistas endeudados y el Tesoro norteamericano, partidario de una devaluación inmediata, lo voltearon.


 


Lo apoya el Banco Mundial


El intento fracasado de Rodríguez Saá está, sin embargo, de vuelta. No es pura coincidencia que el abogado de la redolarización de los activos financieros, Domingo Cavallo, haya anunciado su simpatía por su candidatura. Ahora ya no hace falta emitir «argentinos», porque el peso se ha convertido en un «argentino», o sea que la moneda desvalorizada para los salarios y el presupuesto estatal es el propio peso devaluado. En su campaña, Rodríguez Saá se ha pronunciado sobre todos los problemas habidos y por haber, pero no sobre la propuesta de Cavallo, que es también la que se encuentra en discusión en la Corte. El temor a una redolarización de los depósitos bancarios ha llevado a Lavagna a apresurar un aflojamiento del corralito y mantener así la pesificación.


La posición de Cavallo y de la Corte tiene apoyos muy «interesantes». Hace un mes, The Economist (10/8), informaba que un documento del Comité de Economía del Congreso norteamericano también abogaba por la redolarización de los depósitos y préstamos de los bancos. Para evitar la quiebra que esto provocaría en los deudores de los bancos, la propuesta propone una refinanciación de las deudas; The Economist, por supuesto, no se priva de dudar de que los deudores estén dispuestos a renunciar a la pesificación. Todavía más claro es un funcionario del Banco Mundial, que también propone la redolarización pero haciendo explícito el propósito de mantener los salarios en pesos devaluados: «la idea – dice The Economist – , es usar dos monedas, un peso inconvertible para transacciones domésticas y el dólar para los ahorros… Un dólar financiero va a llenar el vacío de la falta de una reserva de valor». Como se ve, es el plan de Rodríguez Saá a la letra. En definitiva, el candidato «nacional y popular» es un simple satélite de los yanquis y el Banco Mundial.


Consecuente consigo mismo, el gobierno de San Luis acaba de disponer la emisión de un título de deuda pública provincial por 60 millones de pesos que será convertible a una canasta de monedas. O sea, cavallismo puro: «Estará garantizado al 100% en divisas extranjeras y será convertible a la vista desde la misma emisión», informó el ministro de Economía de San Luis (Ambito Financiero, 16/8).


 


Techint, Pescarmona «y los otros»


La propuesta de reintroducir parcialmente la convertibilidad revela la intención de reanudar una bicicleta financiera que le permita al Estado la financiación de grandes obras, o sea en beneficio de un sector específico de la gran burguesía nacional – los Techint, Pescarmona, Roggio – y de las grandes constructoras internacionales. Para la burguesía que buscó el salvataje de la pesificación, esto significa un desplazamiento del escenario económico y del poder. Pero del conjunto de lo expuesto queda claro que Rodríguez Saá encarna los intereses de la gran banca, de los exportadores, del imperialismo y de un poderoso grupo de capitalistas de grandes obras. El puntano se «pelea» con la UIA y con Mendiguren, pero no con la flamante Asociación de Empresarios que integran Arcor, Perez Companc, Techint, Loma Negra, los bancos extranjeros y las privatizadas de los servicios públicos.


Con este mismo método materialista de análisis histórico que nos permitió decir hace más de una década que «si vota a Menem le sale un Alsogaray», caracterizamos ahora que Rodríguez Saá no encarna ningún antiimperialismo sino los apetitos de una poderosa fracción de la gran burguesía.

También te puede interesar:

Recesión, ajuste fiscal y penurias en el camino del pacto con el FMI.
Le negó la palabra, al coincidir frente al Palacio de Justicia una acción de Judiciales con otra de familiares de Santiago Maldonado.
Silencio criminal de los sindicatos y el gobierno.
La justicia del trabajo ordena la reinstalación de Francisco Estrella Gutiérrez a la sede central de la Obra Social del PJN.
Nueva conducción moyanista y portazo de la UTA y La Fraternidad.