Como un carterista que se vale del tumulto, Rodríguez Saá aprovechó la conmoción nacional para liquidar de un plumazo el Ministerio de Educación. Con esto culmina un largo proceso de destrucción de la educación pública *promovido por el Banco Mundial* que comenzó con la transferencia de las escuelas a las provincias y luego la Ley Federal de Educación. No casualmente se menciona como futura encargada de la Dirección de Educación a la ex ministra menemista Susana Decibe, que después de abandonar el Ministerio comenzó a trabajar con Rodríguez Saá en San Luis.

De ahora en más, cada provincia podrá dictar sus propios planes de estudio y sus propias políticas educativas… incluyendo la transferencia de las escuelas a los municipios quebrados, como ha comenzado a hacer Ruckauf en Buenos Aires.

No estamos, sin embargo, ante una improvisación. En San Luis, el propio Rodríguez Saá ha sido un verdadero “adelantado” de esta política.

En 1999, impulsó en la provincia las llamadas “escuelas chárter”, basadas en una modalidad de privatización desarrollada en Estados Unidos.

“Lo que caracteriza a las ‘escuelas chárter’ *denunciábamos entonces* es que ‘reciben del Estado un subsidio por alumno y cuentan con total autonomía administrativa y pedagógica, que las lleva a contratar a sus propios docentes, sin tener en cuenta los reglamentos establecidos para los establecimientos estatales’ (La Nación, 21/5/99). Las escuelas pierden su carácter estatal y pasan a ser establecimientos privados. De tal forma, ya sea por la reconversión de los actuales colegios o por la creación de otros nuevos (el proyecto contempla que cualquier empresario puede formar su propia ‘escuela’ para atraer alumnos ‘chárter’), la educación pública será borrada del mapa (…) Cada establecimiento puede ‘buscar fuentes alternativas de financiamiento’ al del subsidio por alumno, es decir que deja el camino libre para el arancelamiento o el contrato de créditos (…) Se pretende que las ‘escuelas-chárter’ produzcan una ‘competencia’ entre los diferentes establecimientos para ganarse a la mayor parte de los estudiantes. Cada colegio, entonces, tendrá su propia oferta de cursos; el estudiante pasará a ser un cliente. Pero la competencia supone primero el capitalismo, o sea, la destrucción de los derechos de los trabajadores, en este caso, los docentes y no-docentes, para aumentar los beneficios” (Prensa Obrera, 25/6/99).

Está claro que con este “modelo” de “escuelas-charter” *que fue fervorosamente apoyado por el primer ministro de Educación de la Alianza, el cavallista Juan Llach* no se necesita un Ministerio de Educación…

Rodríguez Saá aduce “la experiencia educativa de San Luis”… pero no cuenta toda la historia: el sindicato docente puntano, que calificó a esta política como “privatización de la educación”, emprendió marchas y huelgas contra esta agresión.