Salta, una de las provincias más endeudadas del país, está pagando religiosamente, desde 2001, un bono garantizado por la Salta Hydrocarbon Royalty Trust, “un fondo que concentra el 80% de las regalías que le pagan a la provincia una veintena de compañías concesionarias de gas y petróleo de la zona” (Cronista Comercial, 29/9/05). El título está a una tasa usuraria del 11,5%.

 

El gobierno salteño pide bajar esa tasa amparado en las buenas notas que le ponen las calificadoras de riesgo (por la tendencia alcista del precio del gas y el petróleo) y en el antecedente de que ni siquiera en medio del default nacional la provincia “dejó de cumplir con sus obligaciones”. El gobierno busca la “renegociación” para seguir pagando aunque esté en una virtual bancarrota económica. Para eso ha lanzado una batería de impuestazos y tarifazos.

 

La provincia está urgida en obras públicas (viviendas, puentes, etc.), la pobreza e indigencia son terribles y los sueldos de los docentes son miserables. Plata hay, pero Romero la utiliza para pagarles a los usureros fondos buitres.