El régimen romerista, junto a sus socios del PRS, ha salido a atacar las declaraciones de los concejos deliberantes de Tartagal, Mosconi y Salta que reclaman la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y la gestión obrera. Oponen a la nacionalización, la “soberanía provincial de los recursos del subsuelo”.

 

¿De qué soberanía provincial hablan si una vez que el petróleo y el gas salen del pozo no son propiedad de la provincia sino de los pulpos privados?

 

La mayor parte de la renta petrolera se va fuera del país, a las casas matrices de los pulpos. De lo que queda en manos del Estado, la mayor parte se la lleva la Nación (a través de los impuestos a las ganancias y a los combustibles y las retenciones). La privatización romerista (perdón, la “provincialización”) no le deja nada a la provincia. Para colmo, Romero ha hipotecado la magra renta provincial para financiar sus negociados hoteleros.

 

La provincialización significa la libre disponibilidad del crudo por los pulpos. Esta es una de las causas del desabastecimiento de combustible y de la reducción de las reservas.

 

La privatización romerista arruina a la provincia. La nacionalización que plantea el Partido Obrero pone un fin a la confiscación capitalista y ofrece la posibilidad de una distribución genuina de la riqueza minera a las provincias. Con la gestión obrera, los trabajadores petroleros dejarán de tener jornadas de 12 y 14 horas, con convenio de Uocra y la inestabilidad laboral garantizada.

 

De la Standard Oil a Panamerican y Cia.

 

Romero retoma la vieja política de la oligarquía salteña. En los albores de la producción petrolera en el país, la oligarquía salteña reclamó la “provincialización” de los recursos para entregárselos a las petroleras norteamericanas (en oposición a la burguesía del puerto, que mantenía acuerdos con las inglesas). En este rol, el gobierno salteño protagonizó importantes choques con el gobierno nacional. En la década del ’20, uno de los gobernadores era a la vez… el apoderado legal de Standart Oil.

 

Hoy Romero actúa por cuenta de Repsol, Panamerican y los pulpos que, desde hace años, vienen saqueando los hidrocarburos argentinos.

 

Las declaraciones aprobadas en los concejos de Orán, Mosconi, Tartagal y Salta Capital plantean la nacionalización de los recursos sin indemnización, su explotación por la administración estatal con control obrero, y la anulación de la licitación. En estos planteos está la verdadera defensa de los intereses provinciales, la recuperación de la renta petrolera como palanca de una transformación social. Está la unidad de los explotados de nuestro país y de toda Latinoamérica, por la nacionalización del petróleo como un instrumento de emancipación nacional y social.