El 25 de agosto, una multitudinaria movilización de diez cuadras (que algunos medios cifran en 20 mil personas) se extendió por la ciudad de Rosario, y se dirigió desde los Tribunales provinciales, hasta la sede de gobernación. Bajo la consigna de “Rosario Sangra”, distintos familiares de víctimas asesinadas impulsaron la convocatoria fundamentalmente por redes sociales.

 

La masividad de la convocatoria fue la respuesta a un nuevo recrudecimiento de asesinatos en la ciudad. Se calcula que Rosario triplica la media nacional de crímenes, y se registraron 26 asesinatos en menos de dos meses.

 

En la convocatoria se destacaron los planteos de reclamo de justicia, el cuestionamiento al gobierno del Frente Progresista, al Poder Judicial y hasta incluso se escuchó el canto “que se vayan todos”. La movilización popular junto a los familiares, dejó en claro que la ola de asesinatos y descomposición social que vive la ciudad y la región, es responsabilidad de los poderes del Estado. Pero junto a estas denuncias, apareció también el reclamo de tolerancia cero, más policías, presencia de fuerzas policiales nacionales y hasta planteos de mano dura extrema.

 

El reclamo por la responsabilidad estatal, es seguido –contradictoriamente- por el reclamo de un mayor reforzamiento de ese aparato estatal, de más policías, de un aparato de justicia más grande y en general de un mayor control social sobre la ciudadanía. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el reclamo de poblar la ciudad con cámaras de video vigilancia.

 

Estas medidas no representan ningún tipo de solución frente a la crisis planteada. El Estado en su conjunto no sólo es responsable, sino que es parte fundamental generadora de esta crisis.

 

Rosario es un eslabón clave de los grandes negociados capitalistas en “negro”. Los puertos son la plataforma de lanzamiento para el gran tráfico ilegal al mundo. Operan bandas narco que se organizan con los “restos” del tráfico ilegal y los narcodólares, lavan dinero en operaciones que fomentan la especulación inmobiliaria y expulsan a los trabajadores a la periferia. Proliferan redes de trata por doquier, especialmente en las cercanías portuarias.

 

En los casos de las grandes bandas delictivas de Rosario que tomaron carácter público y mediático,  no sólo se demostró que hay una gran participación policial obligada para poder accionar,  sino que saltaron a la luz las fuertes vinculaciones con el poder judicial. O como olvidar, también, el escándalo del jefe de policía Hugo Tognoli, implicado en el narcotráfico.

 

El gobierno provincial está en tratativas para traer nuevamente la Gendarmería y poblar los barrios y la ciudad. El shock de gendarmes pasado, generó una seguridad ficticia, al precio de una total regimentación social de los barrios. El narcotráfico encontró rápidamente nuevas formas de operar.

 

Pero no solo ello, el entrelazamiento de las fuerzas nacionales con el delito organizado local se produce a medida de que aquéllas se asimilan al territorio.

 

Reclamamos justicia por todos los crímenes contra el pueblo. Planteamos el desmantelamiento de las redes delictivas y determinar la responsabilidad estatal.

 

Separación de las cúpulas policiales implicadas en el narcotráfico.