El pasado 27 de octubre, Nuevo Encuentro, la agrupación que encabeza Martín Sabbatella, presentó en la plaza de Merlo su propuesta local (“Ladran Sancho”). En la propuesta abundan palabras como “democracia”, “pluralismo” y “participación”, pero no hay una sola denuncia del régimen de represión que impera en el distrito y menos aún una convocatoria a la defensa de las libertades democráticas y del derecho a manifestarse. Todo se reduce a reclamar que los funcionarios den a conocer su declaración jurada patrimonial; la banca abierta que habilite un espacio en el Concejo Deliberante para que los vecinos expongan sus reclamos, y el presupuesto participativo. Esta plataforma no ha evitado, en Morón (Sabbatella fue su intendente durante ocho años), impuestazos de hasta el 50%, un manejo punteril de los planes de vivienda, trabajadores municipales con básicos de 570 pesos, despidos y suspensiones en fábricas subsidiadas por el municipio. El presupuesto ‘participa’ un 0,5%.

La plataforma tampoco denuncia el plan de cooperativas K. Barrios de Pie y Libres del Sur, que forman parte del armado político del sabbatellismo, vienen denunciando que es un coto cerrado de los intendentes. En Morón, con los planes sociales, sucede lo mismo.

Las libertades democráticas

La lucha que viene planteada desde hace tiempo es garantizar el ejercicio de las más básicas libertades democráticas y el derecho a la vivienda, a la educación, la salud, el trabajo.
En sintonía con la bancarrota provincial, Othacehé se apresta a aplicar su propio plan de ajuste: impuestazos, paralización de la obra pública, postergación del pago de los salarios, recorte de gastos en salud y educación, etc. En oposición a estos designios reclamamos que se prohíban los despidos y suspensiones, que los salarios alcancen a cubrir el costo de la canasta familiar (hoy en 4.400 pesos), triplicación del presupuesto para salud y educación bajo control de los trabajadores, no a los impuestazos y tarifazos (derogación de los aumentos siderales de las tasas dispuestos por el intendente) subsidio al desocupado equivalente al 82% móvil de la canasta familiar, ingreso irrestricto de todos los desocupados a los programas de empleo y control de las organizaciones de desocupados sobre los nombramientos, partidas y fondos.