El pedido de un mínimo de 1.250 pesos realizado por la CGT al Consejo del Salario Mínimo, le puso un techo a lo que debería ser el piso de los salarios. La línea de pobreza es estimada en 1.435 pesos por la consultora Equis y en 1.345 pesos por su par Sel Consultores de Ernesto Kritz. En estas condiciones el mínimo no cubre “alimento, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, como lo prevé la ley.

La canasta familiar rea era, según De Gennaro, de 3.470 pesos al terminar el primer trimestre del año; o de 3.700 pesos para el Sindicato de la Alimentación de Córdoba. Las cifras no fueron tomadas en cuenta por Yasky, que reclamó mil quinientos y pactó el mínimo docente en 1.290.

En la realidad lo que están discutiendo no afecta a nadie. Los millones de trabajadores en negro no entran; como todos sabemos, los rurales tampoco, ni las empleadas domésticas, ni los obreros municipales. Sólo unos quinientos mil trabajadores fuera de convenio verían aumentados sus ingresos (Clarín, 23/7), pero  verán absorbidos los adicionales que cobran en negro.

La convocatoria del Consejo, con la UIA, las Cámaras de la Construcción y del Comercio, es una escenificación para fingir que el gobierno “redistribuye riqueza” y salir al cruce de la verdadera cuestión en juego: la reapertura de las paritarias.

El Partido Obrero plantea la triplicación del salario mínimo, su actualización por costo de vida bajo control obrero, la incorporación al contrato universal de trabajo de obreros rurales y domésticos, el blanqueo con estabilidad laboral por simple notificación de todo trabajador en negro y por sobre todo, la automática reapertura de todos los convenios que esto significa, cuando la inflación aceptada por la burguesía supera el 30% anual. Impulsamos asambleas fabriles y sindicales entre todos los trabajadores para discutir este planteo.