A fines de 2003, con una inflación anual del 3,7%, el por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, proclamó a los cuatro vientos que la devaluación del peso de enero de 2002 había sido de las “más exitosas del mundo”. Ocurre que la disparada del dólar se había trasladado muy poco a los precios minoristas y mucho menos al salario. Mientras el dólar pasó de 1 a más de 3 pesos, y los precios mayoristas aumentaban un 150%, los salarios (para ese entonces) apenas habían subido el 20%.

 

La devaluación también sirvió para licuar el 75% de las deudas de los “capitanes de la industria” y engrosar un abundante superávit fiscal, clave para pagar la deuda pública.

 

Pero la lucha salarial y el aumento de los precios internacionales de las materias primas fueron “serruchando” este “éxito” autoproclamado. El año pasado, la inflación fue el doble de la de 2004, que a su vez duplicó la de 2003; la de este año amenaza superar el 12,3% de 2005.

 

El aumento de los precios obedece a un conjunto de razones. Una, la devaluación internacional del dólar, más la gran demanda de China, triplicaron y hasta cuadruplicaron los precios internacionales de la soja, del petróleo, del acero o de los minerales. Mientras la mayoría de los países contrarrestó esta tendencia inflacionaria revaluando sus monedas, la burguesía argentina siguió manteniendo el dólar en torno de los 3 pesos. La combinación de la devaluación con los altos precios internacionales, reforzó el superávit fiscal y la capacidad para pagar la deuda pública y sostener el patrimonio de los bancos, que está compuesto en un 60% con bonos de esa deuda pública.

 

Para sostener la cotización del dólar, por una ventanilla el Banco Central fue comprando dólares por medio de una emisión creciente de pesos, y por la otra fue retirando parte de esa emisión de la circulación, canjeando a los bancos títulos públicos por pesos. La deuda del Central con los bancos ha llegado así a 8.000 millones de dólares, a plazos muy cortos y tasas de interés crecientes. Tras el pago al Fondo, las reservas suman 18.000 millones de dólares, de las cuales casi la mitad está hipotecada a los bancos.

 

La inflación hace subir la deuda pública indexada y atrae mayor ingreso de capital y, por lo tanto, produce mayor emisión de moneda y mayor endeudamiento del Central. “En Wall Street recomiendan comprar ‘inflación argentina’…” tituló hace poco Infobae haciendo referencia a los bonos de la deuda en pesos que se ajustan por la inflación. Debido al 12,3% de inflación el año pasado, la deuda pública aumentó en 5.000 millones de dólares; hubo “reendeudamiento”, no “desendeudamiento”.

 

La entrada de dólares financió también un ciclo de especulación inmobiliaria, como se revela en la redolarización de las propiedades. La inflación inmobiliaria ha reforzado la inflación general por la vía del aumento de los alquileres y del consumo de los ricos (bienes durables).

 

El gobierno pretende evitar el agotamiento de la devaluación “exitosa”, mediante la presión contra el aumento de los salarios y el corte de gastos o inversiones sociales. Teme que la inflación reactive aún más las luchas salariales y de los piqueteros. En el reciente acuerdo de precios con las “lecheras”, las patronales de SanCor y La Serenísima “pidieron al Gobierno que se les garantice que no habrá aumentos salariales para los trabajadores de la industria” (Clarín, 14/1). De ahí también la propuesta de un gran pacto con la CGT. El gobierno quiere que la burocracia de la CGT contenga los reclamos y se limite a discutir salarios por productividad (mayor explotación). Los acuerdos de precios engañosos responden a este objetivo. De todos modos, como el kirchnerismo quiere seguir impulsando sus propios negociados, es renuente a dejarse condicionar por un pacto social.

 

Pero la lucha salarial se escapa de los límites de un Moyano, cuanto más de los Cavalieri. Por el impulso de subtes, pilotos y técnicos de Aerolíneas, Garrahan, se fue instalando en todo el movimiento obrero el reclamo de un salario mínimo de 1.800 pesos, mientras la efervescencia entre los jubilados está creciendo.

 

Para recomponer sus salarios y sus condiciones de trabajo, el movimiento obrero necesita una política independiente del gobierno.