El 11 de septiembre un grupo de choferes afiliados a la UTA –entre ellos, varios miembros de la comisión directiva– tomó la sede de su gremio en la ciudad de Salta.

Los compañeros acusan al actual secretario general, Jorge Flores, por dejar que prosperaran los pagos en negro, la precarización, los descuentos por daños en las unidades y una larga lista de agravios. A esto se sumó la persecución y el despido de los activistas que se pasaron a la oposición y el retiro de los permisos gremiales al secretario gremial, actualmente detenido. Flores llegó a la conducción de la UTA tras la caída de Oscar Cruz, el burócrata que estuvo al frente del sindicato por 35 años, encabezando un heterogéneo frente opositor. La medida, fue la opción última en una lucha contra la evidente asimilación del secretario general a la política de las patronales y de la UTA nacional.

Con los compañeros presos, los despidos de opositores se multiplicaron. Sólo en Oran acaban de despedir 14 compañeros. En la línea 6 se proscribió la lista del delegado opositor lo que provocó un masivo ausentismo.

En defensa del ajuste y de la burocracia, el Estado actuó con todo su peso contra la dirección de la toma. El juez de Garantías Nº2, Ignacio Colombo, dictó la prisión preventiva para 11 trabajadores en lucha bajo causas gravísimas, como secuestro coactivo, robo en banda y daños –lo que puede dar lugar a penas de 15 años. Para justificar la prolongación de la prisión preventiva, el juez argumentó que la toma de la sede gremial constituiría una muestra clara de la “posible intencionalidad de entorpecer la investigación” por parte de los choferes.

Estamos ante una criminalización de una protesta laboral, que trae aparejada una enorme campaña pública del gobierno. No sólo contra los 11 compañeros de la UTA, sino contra todos los luchadores. Así, los medios oficialistas y romeristas no han escatimado injurias contra “los terroristas disfrazados de trabajadores” y advirtieron sobre la “creciente violencia laboral”.

Las esposas y familiares de los detenidos dieron a conocer una carta pública en la que denuncian que sus esposos están presos por su actividad sindical de defensa de los intereses de los trabajadores del transporte. Asimismo, iniciaron una campaña para ganar la solidaridad de la población, un fondo para financiar la lucha y las movilizaciones del jueves 7 en Salta y en Buenos Aires.Una delegación irá al Encuentro Nacional de la Mujer a extender nacionalmente la campaña por la libertad de los compañeros. Las bancadas del PO y toda nuestra militancia están al servicio de esta lucha.

Vamos por la libertad a los detenidos, ningún despido ni ajuste, no a la criminalización de la protesta social.