Luego de varios meses de lucha y numerosas jornadas de movilización, el movimiento por el pase a planta permanente de los trabajadores de los planes sociales de Salta ha hecho retroceder al gobierno de Romero.

 

Después de meses de anunciar que “no había fondos” para efectivizar a los contratados, el vicegobernador Walter Wayar acaba de anunciar la firma de un convenio con la Nación por el cual se “capacitará” a 3.000 compañeros de los planes que cumplen tareas en las áreas de salud y educación. El 30% de esos compañeros “capacitados” será incorporado al plantel del Estado provincial antes del 31 de diciembre de 2007; el 70% restante en el curso de 2008. Hasta ser incorporados, cobrarán una “prestación monetaria no remunerativa” de 400 pesos (225 aportados por la Nación y 175 aportados por la provincia).

 

Es una estafa por partida doble: la “capacitación” consistirá en la continuidad de las tareas que los compañeros actualmente desempeñan en el Estado. Y deberán hacerlo por un salario sustancialmente inferior al de los efectivos.

 

El convenio, señalan, es la consecuencia de sus movilizaciones y del desarrollo de la organización independiente de los trabajadores de los planes, que se ha extendido a toda la provincia.

 

Las limitaciones (y las trampas) del convenio saltan a la vista. Los compañeros de los planes no son pasados a planta permanente; sólo reciben una promesa… con plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2008. Mientras tanto, “siguen la precariedad laboral y la inseguridad, o sea, el trabajo en negro”. Por lo tanto, concluyen los compañeros, “la lucha por el pasaje a planta debe continuar”.

 

Los delegados del “Movimiento…” denuncian que “la ‘capacitación’ será un tamiz para que muchos compañeros queden afuera” y que el convenio no incluye a los miles de trabajadores de los planes que prestan servicios en todos los municipios de la provincia.

 

Todo el anuncio —una promesa cuya efectivización se deja para después de las elecciones— tiene un innegable tufillo electorero. Por eso, el “Movimiento…” reclama el control de las incorporaciones, para impedir que el romerismo utilice el convenio para hacer clientelismo político, incorporando a trabajadores que no están trabajando actualmente bajo los planes.

 

En su declaración, el “Movimiento contra el trabajo en negro” llama a profundizar la organización y la movilización de los trabajadores de los planes para continuar la lucha por el pase a planta permanente de todos los trabajadores (incluidos los municipales), con un salario equivalente al costo de la canasta familiar, y por el control de la “capacitación” y del ingreso al Estado por parte de los propios trabajadores.