19/12/2020

Salta: el presupuesto de Sáenz está en consonancia con el acuerdo Fernández–FMI

La legislatura lo sancionó junto al Pacto Fiscal. Se profundiza el ajuste.

La legislatura provincial ha sancionado en una semana el presupuesto para el año 2021 presentado por Sáenz. Se trata de su primer presupuesto ya que en 2020 no tuvo el propio, sino que se prorrogó el del año anterior. También fue ratificado por ambas cámaras el pacto fiscal, firmado por el gobernador con el gobierno nacional.

Las cifras presentadas por el gobierno provincial en el proyecto, al igual que ocurrió con el presupuesto nacional, están lejos de la realidad, refieren a una inflación prevista del 29% cuando el propio Banco Central la estima en el 50%. Esta subestimación de la inflación, que es una constante todos los años, tiene por finalidad atacar los salarios. Pero el ataque no se queda ahí. La previsión es un crecimiento de la masa salarial de apenas el 14% lo que implica una caída brutal que se agrega a la de este año, que fue de casi un 15%, ya que el gobierno se niega a reabrir paritarias. Este ataque afectará a los trabajadores de la salud que le han puesto el cuerpo a la pandemia, y son homenajeados demagógicamente todo el tiempo por los diputados, y a los de la educación que hacen enormes esfuerzos para atender a sus alumnos en el cuadro actual.

El ataque al salario viene acompañado de un impuestazo a las patentes de los automóviles, que está incluido en el pacto fiscal junto a otros aumentos de impuestos. Además en Salta, como a nivel nacional, se vienen los tarifazos de los servicios públicos. Para el 8 de enero ya está convocada una audiencia pública para tratar el aumento de la energía eléctrica. El ente regulador también está analizando el pedido de aumento del servicio de agua.

El presupuesto además incluye un congelamiento de vacantes en el empleo público, cuando hay más de 3.000 trabajadores de la salud precarizados. Luego del escándalo que se produjo cuando rechazaron tratar el proyecto del PO que planteaba el pase a planta y los testeos a todos los trabajadores, Sáenz tuvo que salir a reconocerlos y pagarles un salario igual al trabajador de planta, por lo que la inestabilidad no es un problema de fondos sino una decisión política. Además hacen falta 1500 ordenanzas de escuela, y hay 500 precarizados de vialidad, en el cuadro de una pandemia que continúa.

Aunque la educación ha sufrido un golpe enorme el último año, no hay en el presupuesto partidas para nombrar docentes recuperadores y garantizar el 100% de conectividad, ni los dispositivos necesarios al 100% de los estudiantes y docentes. En el mejor de los casos, la vuelta a clases presenciales será parcial, con buena parte de las actividades por métodos virtuales. Las escuelas tampoco están en condiciones para las clases presenciales, aunque sean con pocos alumnos. Sin embargo el presupuesto incluye una suma de $1.900 millones en subsidios para la educación privada, cuya distribución es por completo arbitraria y ocultada por el gobierno.

El gobierno dice que la reactivación de la economía vendrá por el lado del incremento de la obra pública. Pero de un total de $40.000 millones que prometen invertir, solo 12 mil corresponden al presupuesto provincial, el resto se reparte entre “promesas” de obras de Fernández y partidas del presupuesto nacional que son de dudosa ejecución, más cuando se están dando todas las señales al FMI de una disposición de reducir aún más el gasto público el año próximo. No hay partidas para el plan “Mi lote”, al cual se inscribieron 32 mil familias, la mitad de las que están sin techo en la provincia, porque no quieren expropiar a los especuladores inmobiliarios. Todo esto cuando hubo 40 desalojos en toda la provincia, a los que salieron a ocupar un terreno para vivir.

Mientras tanto, por la explotación privada de las tierras públicas de Salta Forestal, se prevé apenas recaudar un 1% del valor de la producción cuando la ley establece el 10%. El impuesto inmobiliario rural será apenas el 1% de los recursos porque los grandes terratenientes pagan sobre valores 30 veces menores a los de mercado.

Todos estos ataques a la población están en función de garantizar el pago de una deuda pública fraudulenta, como la del Fondo de Reparación Histórica contraída por Urtubey, que junto al resto, será renegociada gracias a la autorización que aprobó la legislatura con el único voto negativo del PO. Además el gobierno plantea la posibilidad de poner las futuras regalías mineras como garantía de la deuda, como hizo Romero en su momento con las regalías de hidrocarburos.

Denunciando todos estos aspectos, nuestro diputado Claudio Del Plá impugnó el presupuesto. Pero además explicó que este año hemos planteado por vía de un proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas, ganancias y patrimonios de los bancos, a los grandes terratenientes y empresas que operan en Salta, la creación de una gran fondo para financiar específicamente la demanda de viviendas, de insumos y personal de salud y educación. Esto como punto de partida de una reorganización social de la provincia en defensa de la mayoría trabajadora.

 

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