29/06/2017

Salta Forestal: la fiscal de Estado banca el arreglo Urtubey-Olmedo


La demanda realizada por el Partido Obrero ante la Corte de Justicia de Salta por el caso del predio Salta Forestal –en línea con nuestra denuncia del pacto espurio entre la familia empresaria Olmedo y el gobernador Juan Manuel Urtubey– finalmente tuvo una respuesta por parte de la fiscal de Estado, en la que ésta intenta dar por legítimo todo lo actuado por el mandatario provincial.


 


El pacto Urtubey-Olmedo


 


Eco-Desarrollo, de la familia Olmedo, es concesionaria desde hace 19 años de 160 mil hectáreas del predio provincial conocido como Salta Forestal. En 2011, la Auditoría de la Provincia comprobó serios incumplimientos de Olmedo con respecto al pliego original de concesión. Nuestro partido promovió en aquel entonces una comisión investigadora parlamentaria que reunió los elementos para exigir la anulación del contrato. En medio de una crisis, el urtubeysismo clausuró la investigación y por decreto mandó el tema a la justicia, para que ésta declare la nulidad del contrato –algo que denunciamos como una maniobra dilatoria.


 


Seis años después, los hechos nos dan la razón. Con la firma de los decretos 24 y 67, Urtubey renunció a la acción legal iniciada en 2011 por lesividad del contrato. Libre así de culpa y cargo, Olmedo retiene a su vez por los próximos 45 años las tierras más productivas de Salta Forestal –ya sin ningún derecho a reclamo por parte de la provincia.


 


Olmedo conserva 77 mil hectáreas -las que han estado en producción- y restituye a la provincia 68.000 hectáreas en las que no invirtió durante 19 años, y que no cuentan con mejoras ni desmonte. 


 


Lo peor es que al sojero, que debía pagar un canon del 10% de valor de la producción, mediante el decreto se le perdonó una deuda no menor a 250 millones de pesos.


 


El acuerdo también otorga a Olmedo el derecho a transferir a un tercero la concesión –cosa que ya ocurrió por una suma millonaria en dólares.


 


En marzo, presentamos una acción judicial de inconstitucionalidad para dejar sin efecto el arreglo Urtubey-Olmedo. Argumentamos que el gobernador no puede perdonar la deuda porque esto es facultad exclusiva de la Legislatura. A su vez, se ha perjudicado gravemente a los municipios que contienen a Salta Forestal, Lajitas y González, quienes debían recibir el 50 por ciento del canon (al menos 150 millones de pesos). Además, hicimos una denuncia penal por administración fraudulenta contra Urtubey.


 


La respuesta de la Fiscalía de Estado 


 


Este mes la fiscalía respondió a nuestra demanda. Repitiendo la línea de Urtubey, sostiene que el acuerdo es beneficioso, en tanto la provincia recupera 68 mil hectáreas. Afirma que la deuda millonaria de Olmedo, ilegalmente condonada, “debe considerarse compensada con hectáreas cuya devolución se propone”. Tenemos entonces que Olmedo saldaría su deuda de 300 millones con el Estado devolviendo tierras… que son propiedad del Estado y en el estado actual no tienen rentabilidad ¿Dónde está la compensación?


 


Citando a la secretaría de Asuntos Agrarios, la fiscal argumenta que si el Estado pone a producir las tierras devueltas, tendremos mayores beneficios económicos que cobrando canon. Eso no nos consta; tampoco a la fiscal o a la secretaría, en tanto ninguno ofrece el mínimo estudio económico. Pero supongamos que sea cierto: más allá de los beneficios a futuro para el Estado, la deuda generada en el pasado por Olmedo sigue sin ser pagada, con el agravante que el fisco se perdió de ganar más recursos produciendo por sí mismo en lugar de concesionar las tierras.


 


Además, si es más rentable que el Estado produzca, ¿por qué la otra mitad sigue en manos privadas hasta el año 2052? La fiscalía no responde. Tampoco dice nada sobre el carácter inconstitucional de una condonación que no pasó por la Legislatura, ni se posiciona sobre el perjuicio al interés público y a las rentas del Estado.


 


Salta Forestal bajo control los trabajadores, no de Olmedo


 


Las tierras de Salta Forestal nunca sirvieron a su supuesto objetivo original: satisfacer las necesidades del pueblo de Anta. La región está azotada por la pobreza y los desmontes, mientras los grandes terratenientes se benefician con exenciones impositivas. Urtubey podría haber devuelto Salta Forestal al Estado, pero prefirió dilatar en la justicia y ahora arreglar con Olmedo, pasando por encima de la Constitución y de los intereses de Anta, con el beneplácito de la justicia y de todos los bloques políticos de la Legislatura.


 


Las alianzas que se entretejen de cara a la próxima etapa incluyen acuerdos con los recursos del Estado. Muy probablemente haya que buscar en Salta Forestal los motivos por los cuales Olmedo ya no es parte del frente opositor: el sojero tuvo 160 mil hectáreas gratis puestas por el Estado y un sueldo de 100 mil mensuales como legislador –pero, como él mismo dice, “nunca le alcanza”.


 


Por otro lado, no es cierto que se inicie en la zona un proyecto “sustentable” y “beneficioso” para los lugareños. A los pastajeros sólo se les devolverá 13 mil hectáreas de las casi 70 mil recuperadas. Con el resto, sumado a las tierras concesionadas, se quiere avanzar en un reclamo de la Sociedad Rural y de  todas las patronales del campo: incorporar  a la ganadería 5 millones de hectáreas –que, por la Ley de ordenamiento territorial, tienen prohibido este tipo de explotación. Lo de Salta Forestal  sería una prueba piloto empujada por el propio Estado, en la línea de cambiar la ley de bosques en el país y la de ordenamiento territorial en Salta  y eliminar toda limitación en el uso del suelo.


 


Desde el Partido Obrero volvemos a marcar la necesidad de fortalecer un polo político de los trabajadores y campesinos para que pongamos las riquezas naturales de Salta bajo  control  de los trabajadores.


 


Más allá de la presentación de múltiples listas, es claro que en la próxima etapa hay dos alternativas para elegir: o con la coalición del ajuste y el enriquecimiento ilícito o con los que siempre hemos defendido los intereses de los trabajadores: el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.


 


 

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