10/03/2016 | 1402

Salta: hay que desarmar la trama del narcoestado

La “novela narco” en Salta sumó una cantidad importante de capítulos en lo que va del año. Mientras se escriben estas líneas, los periódicos informan “la caída” del narco boliviano Sejas Rosales, responsable de por lo menos once causas de tráfico de cocaína y apuntado como un “protegido” del juez federal Raúl Reynoso. Este último fue apartado de su cargo al hacerse público todo un sistema, tarifado, para otorgar la libertad a los delincuentes. Su reemplazante en el cargo aguantó un par de semanas… y renunció


La “novela narco” en Salta sumó una cantidad importante de capítulos en lo que va del año. Mientras se escriben estas líneas, los periódicos informan “la caída” del narco boliviano Sejas Rosales, responsable de por lo menos once causas de tráfico de cocaína y apuntado como un “protegido” del juez federal Raúl Reynoso. Este último fue apartado de su cargo al hacerse público todo un sistema, tarifado, para otorgar la libertad a los delincuentes. Su reemplazante en el cargo aguantó un par de semanas… y renunció.


 


El operativo se da en sincronía con uno impulsado por la justicia federal, “Febrero Blanco”, que cuenta entre sus intervenciones con el arresto del presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, y con el pedido de captura internacional de su par Mauricio Gerónimo.


Tenemos un cuadro en que el Estado, sus instituciones, su justicia y fuerzas de seguridad, se ven involucradas como nunca en el flagelo que dicen combatir.


 


¿Narco-concejales?


 


El concejal urtubeísta Mauricio Gerónimo está acusado de narcotraficante y tiene pedido internacional de captura. Iniciado en la política de la mano de Carlos Villalba (el intendente destituido por estar ligado a una red de trata), en mayo pasado había sido electo junto a Alejandro Maurín por el Frente Grande, lista apoyada abiertamente por el mismo Urtubey y el FpV. Los indicios apuntaron contra ellos luego de la captura de un camión con 267 kilos de cocaína en Santiago del Estero; según las investigaciones de la Fiscalía Federal N˚ 1, los concejales oficialistas eran distribuidores de droga en todo el país.


 


Lo llamativo es que el camión de cocaína estaba a nombre del ex diputado provincial Ernesto José Aparicio, vinculado en 2006 con el asesinato de la pequeña productora Liliana Ledesma, quien lo había denunciado por narcotráfico en varias ocasiones. A pesar de los reiterados testimonios en su contra, de las movilizaciones populares y de los pedidos del PO para que se constituyera una comisión investigadora, peronistas, radicales y renovadores lo defendieron. Aparicio tuvo que dejar su banca pero murió sin ser juzgado.


 


Algo similar ocurre ahora en el Concejo Deliberante de Mazza: las primeras convocatorias a sesiones extraordinarias para tratar el tema fracasaron por falta de quórum. Tras varias maniobras y producto de la presión popular, se juntó el número y Gerónimo fue destituido, pero no por sus causas, sino porque el prófugo buscado por la Interpol “se ausentó sin aviso ni justificación al Concejo”. Por su parte, Maurín no fue destituido sino que se le abrió una comisión investigadora. Ahora se plantea una nueva crisis porque la sucesora de Gerónimo en la lista de concejales oficialistas tiene condena por narcotráfico.


 


En medio de la crisis, el intendente Méndez se tomó una licencia. Se ha abierto una crisis importante en la zona caliente del narcotráfico e incluso se baraja la posibilidad de otra intervención a un municipio, esta vez por su completa descomposición política y múltiples vínculos con el delito.


 


Mientras tanto, el descontento popular contra el narco crece y se va ligando a una conclusión política de fondo: el Estado es el protagonista y productor de esta trama.


 


El viernes 11, una delegación de parlamentarios del PO, encabezada por el diputado nacional Pablo López, la senadora provincial Gabriela Cerrano y el diputado provincial Claudio Del Plá, se constituirá en Salvador Mazza para apoyar el reclamo de los familiares contra la impunidad de los crímenes narcos y para impulsar una investigación independiente que desarme la trama de un estado descompuesto que destruye el porvenir, amenaza la vida y la salud de la población.


 

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