Salta: justicia para la niña wichí

El Estado ha permitido todo tipo de maniobras y omisiones en el caso, favoreciendo así la impunidad y el perjuicio de las víctimas. La niña no recibió en el hospital ningún tratamiento antiséptico, no contó con la revisión de médicos legistas y no se le hicieron en ningún momento las pruebas de embarazo

diputado provincial por el PO


El Estado ha permitido todo tipo de maniobras y omisiones en el caso, favoreciendo así la impunidad y el perjuicio de las víctimas. La niña no recibió en el hospital ningún tratamiento antiséptico, no contó con la revisión de médicos legistas y no se le hicieron en ningún momento las pruebas de embarazo. Este recién se confirmó a fines de marzo, a instancias de su madre, quien pidió pruebas al notar que el vientre de la niña crecía. Antes de eso, ni jueces, fiscales o funcionarios se preocuparon en el tema, lo que quedó plasmado en la respuesta que el fiscal Armando Cazón nos dio a la Comisión: “Si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más, además no es común que la víctima quede embarazada”… (¿?)


 


Los médicos, que originalmente diagnosticaron violación, es decir el doctor Juan Carlos Mamani y el bioquímico Ramón Bustamante, denuncian que tomaron la decisión de hacer público lo que había ocurrido fruto de su hartazgo ante el accionar de la Justicia, la que jamás envía un médico legista a constatar casos de violencia o violación. Mamani manifestó que el médico legal (que actuó cinco días después del hecho) le pidió que “le enviara por whatsapp las fotos de la vagina de la niña para emitir un dictamen”. Mamani se negó, hizo el dictamen él y ahora está ridículamente imputado por falsificación de título, cuando en realidad ejerce como médico en un hospital de Salta, autorizado por el Ministerio de Salud.


 


La denuncia hacia el médico reúne así las características de una represalia de la Justicia por haber puesto en evidencia una inacción sistemática. No extraña que cinco días después el médico legal negara en su revisión la existencia de violación en la niña e intentaran archivar la causa.


 


En esta línea de impunidad y encubrimiento se puede leer la libertad a los violadores, de los cuales sólo uno está detenido por no comparecer a la comisaría. El resto seguirá en libertad hasta que se obtenga el resultado del estudio de ADN.


 


Es claro que el ADN sólo determinará la “paternidad” de un responsable, y que lo necesario es el testimonio de los testigos. Sin embargo, esto no se produjo porque la Justicia no se preocupó en generar un dispositivo de asistencia y seguridad a las niñas que presenciaron el hecho, las que viven amenazadas y se negaron siquiera a hacerse presentes ante la visita de los diputados.


 


La comunidad de Alto La Sierra ha sido sacudida por este hecho: por el horror, por el accionar de la Justicia, por el abandono del Estado en materia de salud y seguridad. A la llegada de los diputados a la zona las denuncias de atropellos se hicieron sentir.


 


Una Asamblea de 150 personas reclamó Justicia por la niña violada y por todos los casos de impunidad garantizados por el Estado.


 


Por eso nuestra exigencia de renuncia de la ministra Calletti, responsable política de la Justicia, está más vigente que nunca. Por otro lado, junto a la comunidad reclamamos terminar con el ajuste: es necesario en Alto La Sierra una inversión de peso en materia de salud (no tienen médicos titulares), agua potable, energía, educación y un plan de obra pública que contemple un verdadero acceso a un pueblo totalmente aislado.