En la banca de PO de Salta está presente la agenda de los trabajadores.
Articularemos una acción obrera, campesina y popular de carácter socialista.

La Legislatura de Salta ha sido siempre monopolio de las oligarquías locales, de las mineras, las sojeras y petroleras. Hoy, en cambio, está presente la voz de los trabajadores de Salta.

El proyecto de ley presentado por el bloque del Frente de Izquierda -que establece un salario mínimo de 9.000 pesos, así como la prohibición de despidos y suspensiones- enfrenta una realidad en la que los trabajadores de los municipios ganan por debajo del salario mínimo nacional (de 3.700 pesos) o sufren reducciones salariales como en Mosconi. Los despidos ya han comenzado en algunas industrias: hubo 660 en tres años en la industria petrolera, en algunas fábricas subsidiadas del parque industrial de Salta y hasta en algunos municipios. Iniciaremos una campaña para presentar un proyecto provincial para que se convierta en instrumento de lucha.

La cuestión del salario mínimo es crucial para la docencia, que -además- lo cobra en gran parte en negro, lo que deprime el salario a lo largo de la carrera docente. El desenlace en la provincia de Buenos Aires deja en pie la lucha en numerosas provincias, entre ellas Salta.

Crisis sin fronteras

Salta es una de las provincias con mayor cantidad de víctimas fatales en siniestros viales, principalmente por el mal estado de las rutas. La ruta 34 entre Metán y Rosario de La Frontera es protagonista de accidentes casi a diario. La ruta 50, entre Pichanal y Orán, es otra vía muy peligrosa, sobre todo por la salida de los camiones del Ingenio Tabacal. La autopista que se está construyendo en este tramo genera una gran inestabilidad de los trabajadores de la obra, debido a las demoras, y su trazado plantea el desalojo de cuentapropistas, porque evita afectar al Tabacal. La bancada nacional, a partir de declaraciones y pedidos de informes, reforzaría los planteos y reclamos de los vecinos afectados en estas localidades.

Una de las luchas más importantes en la provincia en los últimos dos años es la de los habitantes de El Galpón, Metán, González y El Tunal, contra la instalación de la planta productora de nitrato de amonio que se usará para la fabricación, en Santa Fe, de explosivos para la minería. Pone en riesgo a la población y es contaminante. La empresa tendrá provisión de gas (materia prima) subsidiada por el Estado provincial durante diez años. El Estado nacional le otorgó un crédito blando de más de 200 millones de pesos para su instalación. Nuestra acción en el Congreso debe ayudar a exponer este negociado y la lucha popular, y así se podrá ayudar a los movimientos de lucha contra la minería a cielo abierto de otras provincias como Catamarca y La Rioja, por ejemplo.

Sojera

Salta es también una provincia sojera, lo cual significa el desmonte (agravado por la acción de los monopolios madereros) y la expulsión de campesinos criollos y aborígenes. La cuestión agraria es común a numerosas provincias, por eso plantearemos una ley de impuestos progresivos a los sojeros, expropiación de las grandes superficies y el reparto de las mismas a la población agraria sin empleo, asistida por créditos baratos. Esto pone sobre el tapete un problema común a la mayoría de las provincias que sufrieron la privatización de los bancos públicos, por eso planteamos la renacionalización sin pago de los ex bancos provinciales, así como la investigación de los negociados de su privatización y el manejo de las cuasi monedas en el derrumbe de 2002. La lucha contra el desmonte ya es, desde hace tiempo, una lucha popular; pelearemos para revitalizarla y reforzarla con campañas que se valgan del Congreso como una tribuna nacional.

La cuestión petrolera

En el norte provincial, se prorrogaron los contratos de concesión a empresas que no están invirtiendo y han despedido trabajadores. El cierre de la refinería de Campo Durán y su reemplazo por una construida recientemente en Bolivia es cada vez más cercano.

El oficialismo, con el voto de los senadores salteños Fiore y Urtubey, acaba de aprobar el acuerdo con Repsol. Romero se abstuvo, pero defiende la continuidad de Galuccio al frente de YPF. Tanto Romero como Urtubey han usado las regalías petroleras como garantía de créditos internacionales destinados a la especulación inmobiliaria. El tarifazo en el gas natural dispará el precio del envasado en garrafas, que se consume en una parte considerable de la provincia.

Nuestra bancada denunciará este acuerdo con los vaciadores cuando se discuta en la Cámara de Diputados; presentaremos una radiografía del vaciamiento hidrocarburífero de Salta.

Método

Entre los municipios con representación del PO, los compañeros en la Legislatura y el Frente de Izquierda en el Congreso articularemos una acción obrera, campesina y popular de carácter socialista.

Pablo López