Cuando el año pasado el Ejecutivo provincial puso en marcha la privatización de los archivos públicos, la Municipalidad no adhirió a esta medida. Ilusoriamente pensamos entonces que al menos los documentos de la institución municipal quedarían a salvo y resguardados, en su ámbito natural, como lo son los archivos públicos.

 

Pero el 25 de febrero, en horas de la tarde, al pasar por el Archivo Municipal, sito en la calle Leguizamón 1620, presenciamos cómo los camiones de Plumada retiraban el patrimonio documental de ese archivo para trasladarlo a sus depósitos. Según hemos podido averiguar, el operativo de traslado se inició hace aproximadamente veinte días y de manera encubierta, porque en ningún momento se dio a conocer el instrumento legal que avala este accionar. Así se sigue entregando el patrimonio archivístico a una empresa subvencionada por el Estado.

 

Entendemos que la privatización de los archivos es una maniobra ilegal y anticonstitucional que se lleva a cabo no para proteger la integridad de la documentación sino para garantizar las ganancias de los pocos que se benefician con un negociado oneroso para la provincia y los ciudadanos.

 

Por este motivo reclamamos a los concejales que, como representantes de los ciudadanos, pidan un informe sobre el tema al Ejecutivo municipal y que ese informe se dé a conocer a la comunidad, para que se cumpla con el mandato constitucional de dar publicidad a los actos del gobierno.