12/08/2004 | 863

Salta: Romero destruye la selva

En 1995, la provincia de Salta elevó a la categoría de Reserva Natural Provincial Protegida un predio de 25.530 hectáreas que in­volucraba el ejido de un pueblo de General Pizarro, en el Departa­mento de Anta.


Ese poblado es habitado por criollos (35 familias) que realizan actividades como cría de ganado y pequeños cultivos tradicionales. También dentro de la Reserva vive una comunidad wichí, llamada Eben Ezer (85 personas).


El 18 de marzo pasado, a pedi­do del gobernador Romero, la ban­cada oficialista, con el voto en con­tra de la bancada del Partido Obre­ro, aprobó una ley que lo autoriza a desafectar la categoría de Reserva provincial protegida para poder lo­tear y privatizar esas tierras. El 23 de junio, contra la opinión de los pobladores que las habitan y con­trariando también el punto de vis­ta de diversas ONG ambientalis­tas, científicos de la UBA, la UNaS, el Conicet y entidades intermedias de la producción, Romero desafectó y vendió 16.227 hectáreas de los llamados lotes 32 y 33 de la Reser­va Pizarro. Los nuevos propietarios podrán realizar actividades agrope­cuarias (soja).


La reserva pertenece al am­biente chaqueño semiárido y a la selva pedemontana de yungas, siendo la única reserva en su tipo en la región chaqueña. Con su ven­ta y posterior desmonte quedarán en peligro muchas especies vegeta­les valiosas, además de grandes po­blaciones de animales.


El hecho constituye la flagrante violación de derechos constitucio­nales provinciales, nacionales y de numerosas normas internaciona­les.


Los parques y reservas nacio­nales, provinciales o municipales, son territorios legalmente institui­dos a perpetuidad. Estas áreas son aún muy pocas en el país, donde el 95% de su superficie está en manos privadas.


El Partido Obrero plantea la derogación inmediata de la Ley 7.274 y la plena vigencia del Decre­to 3397/95 para los lotes 32 y 33. Rápida titularización de las tierras a favor de quienes la ocupan ac­tualmente, los criollos y la comuni­dad wichí. Que el Poder Ejecutivo provincial se ponga a disposición de la comunidad científica que se ofre­ció a formular y monitorear un ade­cuado plan de conservación de la reserva, aportando los recursos ne­cesarios para ello.

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