Salta: Romero destruye la selva
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En 1995, la provincia de Salta elevó a la categoría de Reserva Natural Provincial Protegida un predio de 25.530 hectáreas que involucraba el ejido de un pueblo de General Pizarro, en el Departamento de Anta.
Ese poblado es habitado por criollos (35 familias) que realizan actividades como cría de ganado y pequeños cultivos tradicionales. También dentro de la Reserva vive una comunidad wichí, llamada Eben Ezer (85 personas).
El 18 de marzo pasado, a pedido del gobernador Romero, la bancada oficialista, con el voto en contra de la bancada del Partido Obrero, aprobó una ley que lo autoriza a desafectar la categoría de Reserva provincial protegida para poder lotear y privatizar esas tierras. El 23 de junio, contra la opinión de los pobladores que las habitan y contrariando también el punto de vista de diversas ONG ambientalistas, científicos de la UBA, la UNaS, el Conicet y entidades intermedias de la producción, Romero desafectó y vendió 16.227 hectáreas de los llamados lotes 32 y 33 de la Reserva Pizarro. Los nuevos propietarios podrán realizar actividades agropecuarias (soja).
La reserva pertenece al ambiente chaqueño semiárido y a la selva pedemontana de yungas, siendo la única reserva en su tipo en la región chaqueña. Con su venta y posterior desmonte quedarán en peligro muchas especies vegetales valiosas, además de grandes poblaciones de animales.
El hecho constituye la flagrante violación de derechos constitucionales provinciales, nacionales y de numerosas normas internacionales.
Los parques y reservas nacionales, provinciales o municipales, son territorios legalmente instituidos a perpetuidad. Estas áreas son aún muy pocas en el país, donde el 95% de su superficie está en manos privadas.
El Partido Obrero plantea la derogación inmediata de la Ley 7.274 y la plena vigencia del Decreto 3397/95 para los lotes 32 y 33. Rápida titularización de las tierras a favor de quienes la ocupan actualmente, los criollos y la comunidad wichí. Que el Poder Ejecutivo provincial se ponga a disposición de la comunidad científica que se ofreció a formular y monitorear un adecuado plan de conservación de la reserva, aportando los recursos necesarios para ello.