Como Menem o Kirchner en Santa Cruz, Urtubey busca ampliar el número de miembros de la Corte.

El gobernador Urtubey ha propuesto para el cargo al juez federal Abel Cornejo, quien ordenó las más brutales represiones en el departamento de San Martín, donde fueron asesinados cinco trabajadores, entre ellos Aníbal Verón. La investigación de su crimen quedó en manos del propio Cornejo. Al cabo de ocho años no hay un solo procesado en la causa.

El Partido Obrero acompañó la impugnación de Cornejo presentada por la abogada Mara Puntano, de la UTD de Mosconi, el padre Olmedo y la mayoría de los organismos de derechos humanos. El PO presentó, además, su propia impugnación. Denunciamos que Cornejo armó un proceso represivo siguiendo la línea del ministro aliancista Storani (que llamaba a criminalizar la protesta desde la Justicia) y de Romero y las petroleras. En ese proceso fueron asesinados los compañeros Barrios y Santillán y quedó parapléjico Iván Dorado. Como rehenes políticos, Cornejo mantuvo detenidos, durante más de dos meses, a los compañeros Pepe Barraza, Perico Raineri y Carlitos Gil, del PO.

A confesión de parte, relevo de pruebas

En su respuesta a la impugnación presentada por el PO, Cornejo dice textualmente: “En torno a las afirmaciones vertidas por el Partido Obrero, considero que debe reproducirse mi descargo efectuado el 24 de junio, por cuanto el planteo resulta exacto, no sin antes afirmar que todo lo actuado en oportunidad de los conflictos sociales de noviembre de 2000 y junio de 2001 se debió exclusivamente a la observancia fiel a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Nacional, como también para evitar que una catástrofe mayor hubiese ocurrido.” Luego señala el hecho de que fue él la única autoridad, sea nacional, provincial o municipal, que se constituyó en el lugar. A confesión de parte…

Cornejo personifica a la criminalización de la protesta social.

Esto se puede ver con toda claridad en la conducta de Urtubey, quien, a pesar de las numerosas impugnaciones, envió los pliegos al Senado, que de seguro los aprobará en breve.

Todo esto ocurre en medio de una avanzada represiva: procesamiento de 27 docentes en Orán por los cortes de 2004; represión a los sin techo también en Orán, donde ahora amenazan a los abogados de derechos humanos; persecución a los secundarios que salen a luchar, causas contra los que denuncian torturas en la comisaría del menor, causas contra los municipales oranenses y los trabajadores del ingenio El Tabacal, etc.