El municipio de San Fernando, bajo las órdenes de su intendente Juan Andreotti (del Frente Renovador, de Sergio Massa), anunció que el área de seguridad fue reforzada con 1200 cámaras que monitorean a la población del distrito. Y que, para hacerle frente a la demanda (?) se incorporaron nuevos trabajadores a las tareas de monitoreo. 

Esta medida fue tomada bajo el eufemismo de garantizar que todos los vecinos cumplan con la cuarentena y así “cuidarnos entre todos”. Pero en realidad su propósito es completamente ajeno a los intereses de los trabajadores sanfernandinos.

La salud (des)cuidada

El sistema de salud público del distrito se encuentra desguazado. De propagarse la pandemia, el número de camas preparadas para terapia intensiva (con respirador artificial) es sencillamente irrisorio si lo promediamos con la cantidad de personas que vivimos en San Fernando y no tenemos acceso a la salud privada. 

Se coloca el dinero en cámaras de seguridad antes que en aumentar la cantidad de camas en los hospitales. Pareciera que para el gobierno municipal al virus se lo combate con cámaras de monitoreo. 

Pero no se trata de una decisión mal tomada sino, por el contrario, de un curso estratégico que impulsa tanto Andreotti así como decenas de otros intendentes: reforzar el aparato represivo y de vigilancia para desactivar cualquier tipo de conflicto o rebelión popular que se pueda desarrollar como producto de la crisis económica y social, potenciada por la pandemia.

San Fernando es un distrito con un alto porcentaje de población trabajadora, repleto de familias obreras y con barriadas por doquier. El párate económico que estamos atravesando hace estragos en la vida de los trabajadores precarizados, de los changarines, y ni hablar de los desocupados, ante lo cual Andreotti hace la vista gorda. 

La respuesta, harto insuficiente del gobierno nacional, es el bono de $10 mil, que se cobra por única vez, y que aun no se sabe cuándo ni cómo se cobra. ¿Alguien puede vivir un mes con $10.000? ¿Una familia entera puede hacerlo?

En las barriadas obreras escasean o directamente no llegan los materiales de higiene imprescindibles para frenar la propagación del virus y lo mismo ocurre en los comedores populares. En este contexto es lógico que los trabajadores y vecinos empiecen a discutir que hacer para enfrentar la situación que los golpea. 

Para desactivar cualquier instancia de organización popular, el gobierno municipal refuerza el control policial, con cámaras y patrullas municipales. En otros municipios “altamente explosivos”, como La Matanza, el Estado directamente puso al ejercito en las calles. 

La excusa es “enfrentar” el coronavirus. La realidad es que se trata de amedrentar y bloquear la organización de los trabajadores.

Desde el Partido Obrero defendemos más que nunca este derecho y las libertades democráticas. La cuarentena no debe ser la excusa para reforzar el aparato represivo. 

Por el contrario, los gobiernos nacional, provincial y municipal deberían reforzar el sistema de salud y cubrir que las familias tengan todo lo que necesitan para vivir. 

Las familias obreras no pueden esperar más. 

Seguro al parado de $30000 que alcance a todos los desocupados y a los trabajadores que no están bajo relación de dependencia. 

La prohibición de despidos y suspensiones debe ser retroactiva al 1° de marzo de este año, debe incluir a todos los trabajadores, debe extenderse hasta fin de año, y debe plantear que las empresas que cierren sean reabiertas por el Estado, bajo gestión de sus trabajadores.

Que se unifique el sistema de salud público y privado, y que sea dirigido por comités de salud conformados por trabajadores y especialistas de la sanidad.

Los trabajadores tenemos que intervenir de manera independiente para imponer que los recursos del país se destinen a la defensa de la población trabajadora, la más azotada por la pandemia.