La intensa actividad política que nos encontramos desplegando en la provincia de San Juan para obtener todos los requisitos que el Estado exige para poder presentarnos a elecciones no solo nos viene dejando un saldo positivo en la muy buena recepción que encontramos entre los trabajadores, mujeres y jóvenes que deciden colaborar con nosotros, sino que también nos ha servido como termómetro de la situación de las luchas sociales en la provincia.

Las noticias sobre las situación económico-social de San Juan distan mucho de la presentación interesada que el oficialista “Diario de Cuyo” hace de ella. El Presupuesto provincial del gobernador Sergio Uñac (PJ) repite todos “los dibujos” del Presupuesto 2019 acordado entre el macrismo y el peronismo, con una previsión inverosímil de 23% de inflación para el año próximo para imponer salarios a la baja. A eso hay que sumarles el traslado a las provincias de los subsidios al transporte público de pasajeros y la tarifa eléctrica, que consumirán aún más el magro presupuesto provincial. Desde el mismo gobierno reconocen que “casi no habrá obras nuevas” (DiarioDeCuyo, 21/11).

En una provincia donde un cuarto de los habitantes es pobre, el mentado retoque de un punto en el rubro de gasto social solo sirve al propósito de la demagogia electoral, y al intento por contener una crisis industrial que se profundizó desde principios de año, con su secuela de despidos. Recordemos que en enero cerró la autopartista Itec (Peugeot), dejando a 359 hogares en la calle.

Megaminería: negociados y despidos

Las cifras desmienten a los apologistas de la megaminería, que justificaron la quita de las retenciones a colosos internacionales como la Barrick Gold (Veladero) con el argumento de que con ello reducirían el desempleo y, en consecuencia, los indicadores de pobreza e indigencia: la provincia acumula el tercer semestre consecutivo con niveles de pobreza que fluctúan entre el 27,2 y el 25,4% (según el Indec), mientras las megamineras embolsaron, por lo menos, 220 millones de pesos anuales desde el 2016, sin impactos significativos sobre la inversión y el empleo. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre el segundo semestre de 2016 y 2017, en el total nacional, la mega minería destruyó 8.700 puestos de trabajo registrados, liderando el ranking de despidos.

Si bien el gobierno nacional restituyó en septiembre, tras la devaluación, las retenciones a la minería, las Cámaras Mineras confían en que se trate de una “excepción fiscal (…) que fenezca antes de 2020, como prometieron Macri y Dujovne” (MiningPress, 6/9). La medida tuvo el objetivo de “mostrar mejores números” previo al acuerdo colonial con el FMI.

Junto a ello, la Barrick Gold ya acumula por lo menos cuatro derrames de cianuro durante la actual gestión, y Jáchal es la muestra viva de que con un esquema económico fundado en la megaminería no hay futuro, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Los empresarios y políticos locales pretenden hacer sus negocios asociándose al gran capital minero, en una economía provincial que ha concentrado el 80% de sus exportaciones en la minería.

Luchas

Otra muestra de la severa crisis industrial que atraviesa la provincia es la quiebra de la Empresa Electrometalúrgica Andina, a la espera de ser adquirida por un grupo salteño vinculado al litio. Frente a la incertidumbre, sus 250 trabajadores ocuparon la planta para evitar el desguace, en defensa de sus puestos de trabajo. Una muestra de que hay reservas de energías para defender el trabajo, frente al silencio y la pasividad de las burocracias sindicales.

La predisposición a la lucha estuvo presente también en la marcha contra el Presupuesto 2019, que congregó a algunas organizaciones sociales y políticas, y en la movilización del Polo Obrero local, el pasado miércoles 21, en el marco de la jornada de lucha por trabajo genuino y obra pública, contra el hambre y el ajuste.

Otro punto significativo de la situación política de la provincia es la cantidad de pibas que transitan con el pañuelo verde en sus mochilas, desafiando al conservadorismo local. San Juan es la única provincia, junto con Mendoza, que prohíbe todavía la venta de misoprostol en las farmacias, atentando contra el derecho a realizarse abortos no-punibles, contemplados en la legislación vigente. El peso de las iglesias en el Estado provincial es el factor que explica este ataque a los derechos conquistados.

A ello hay que sumarle la enorme marcha del Orgullo, que el pasado 17 congregó a más de 1000 personas, triplicando en asistencia a la del año pasado y superando por diez a la convocatoria de los sectores anti-derechos, que días atrás habían realizado una raquítica caravana por el centro de la ciudad. En la reciente marcha por el Día internacional contra las violencias hacia las mujeres, las columnas sumaron por lo menos cinco cuadras de manifestantes exigiendo el fin de las violencias contra las mujeres y las disidencias.

Adelante

El rechazo a la política de hambre del macrismo se repite en las charlas con los vecinos. “Este gobierno nos está matando”, resumió una vecina que se acercó a colaborar con nosotros. Los sectores en lucha de los trabajadores, ocupados y desocupados, las pibas de la ola verde y de la comunidad LGTB y les estudiantes ven con buenos ojos la idea de poner en pie una alternativa política de la izquierda, obrera y socialista, que ofrezca un programa y un canal de organización para conquistar todos nuestros reclamos, y así lo hemos notado en cada mesa que colocamos en la ciudad.

Nos esforzamos por construir una alternativa para que la crisis la paguen los que la generaron, los capitalistas. Y para que la nueva etapa que se avecina encuentre en los luchadores y la izquierda una fuerza capaz de ofrecer una alternativa política contra las variantes ajustadoras de un régimen social en franca descomposición.

¡Redoblemos esfuerzos!

Escribinos: Nico +54 9 2645047592